El presidente de CEOE pronostica el cierre de miles de empresas y exige ayudas directas

Los empresarios españoles se encuentran al límite como consecuencia de la crisis del coronavirus. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha pronosticado este lunes de que serán «miles de empresas las que tengan que echar el cierre por la crisis de la Covid». A su juicio, es necesario que el Gobierno y el resto de administraciones activen ya, cuanto antes, ayudas directas y medidas para poder garantizar la continuidad y la competitividad de la actividad empresarial.

Garamendi, que ha participado en un acto en la ciudad de Burgos, ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar al sector turístico de un modo expreso para que siga siendo una actividad «esencial» en España en el futuro.

El presidente de CEOE ha participado junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación del plan ‘Sumamos+Economía’, insistiendo en la necesidad de no desechar el potencial del turismo por la actual crisis sanitaria y ha pedido que se focalicen los esfuerzos en las necesidades de España, ya que presenta retos «muy por encima de otros países».

Los empresarios se encuentran muy preocupados, especialmente, por la alta tasa de desempleo juvenil que se observa a nivel nacional, de un 45%, que supone que uno de cada dos jóvenes se encuentra en situación de desempleo. Según Garamendi, «son los jóvenes quienes representan el presente y el futuro». Y pide la colaboración entre las administraciones y los agentes sociales para solventar la grave crisis laboral que afrontan los que se incorporan al mercado laboral español.

Asimismo, el presidente de CEOE ha hecho alusión en su intervención a la situación en la que se encuentran muchos trabajadores del sector servicios, ya que en España hay mucha gente vinculada a su actividad, lo que supone que muchos de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se relacionen con este gremio en el que tiene un gran peso tanto el turismo como la hostelería.

En cuanto a las medidas para frenar la negativa evolución de la pandemia, Antonio Garamendi ha abogado por la realización de test masivos prolongados a lo largo del tiempo y ha insistido en que «este debe ser el objetivo».

Garamendi ha defendido los test como «un buen instrumento» para implementar también durante el periodo de vacunación y ha recordado que el personal de las mutuas, que representa unas 10.000 personas en España y más de 400 en Castilla y León, puede colaborar en los retos actuales.

En este sentido, también ha pedido a las administraciones que no olviden el potencial de la sanidad privada y ha recalcado que sus profesionales, al igual que los de las mutuas, pueden y deben colaborar en la realización de pruebas y la vacunación.

El presidente de la patronal se ha referido, por otro lado, a la aplicación conocida como ‘radar COVID’ como un «rastreador perfecto» y ha insistido en la importancia de su divulgación a lo largo del territorio.

Los empresarios estudian la prórroga de los ERTE que plantea el Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno negocia in extremis con los agentes sociales para que se produzca una ampliación de los famosos ERTE, una figura de regulación de empleo temporal que potenció la reforma laboral del PP y que ha evitado que el cierre de muchas empresas por los confinamientos y las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas acabe en despidos.

La patronal de las pymes, Cepyme, ha convocado a su Ejecutiva este martes por la tarde, mientras que CEOE también tiene previsto reunir a sus órganos de gobierno en el mismo momento. Los sindicatos CCOO y UGT también evaluarán esta misma semana si aceptan la propuesta del Gobierno de ampliar los ERTE hasta el 31 de mayo. Es muy probable que tanto los empresarios como las centrales den el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Trabajo, aunque no satisface realmente todos sus intereses.

El gran problema de la negociación de los ERTE es que, aunque el Ejecutivo considera que es una buena medida para evitar los despidos, también cuenta con recursos limitados y ha tenido graves problemas para abonar las ayudas a los beneficiarios durante la crisis del coronavirus.