Portobello, el fondo rescatado por el Gobierno para que les coloque cuando pierdan

El despiporre que ha sido el rescate con dinero público de empresas inviables (Plus Ultra, Celsa, Duro Felguera, etc.) por parte de este Gobierno tuvo una traca final de lo más llamativo: la salvación en un pack de varias empresas propiedad de un fondo de inversión llamado Portobello. Se trata de Vivanta (clínicas dentales, agraciada con 40 millones), Mediterránea (catering, 28 millones), Blue Sea (hoteles, 25 millones) y Supera (gimnasios, 15 millones).

Si ya es difícil considerar estratégicas a algunas de las grandes compañías industriales a las que se ha inyectado dinero del contribuyente, lo de dar esa calificación a unas clínicas dentales o a una empresa de cátering, cuando hay miles en España, es de aurora boreal. Lo de los gimnasios tiene más pase porque la ayuda vino del fondo de rescate de pymes (Fonrec), no del Fondo de Ayuda a Empresas Estratégicas de la SEPI, destinado a empresas estratégicas como su nombre indica.

Lógicamente, ese rescate en masa de las empresas en apuros de un mismo fondos de inversión ha llamado muchísimo la atención en el mundillo empresarial y ha saltado al político. Vox y Ciudadanos presentaron una batería de preguntas sobre estos rescates en el Congreso, en las que planteaban qué criterios se han seguido para considerar estratégicas a estas compañías, quiénes han sido los asesores externos de la SEPI que lo han avalado e incluso recuerdan que existe un conflicto judicial entre Portobello y los socios minoritarios de Vivanta relativo a una «supuesta doble contabilidad».

«Fondos buitre»

Por supuesto, el Gobierno ha respondido lo de siempre: que existen «razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada», que se trata de información reservada» y chimpún. Los españoles no tienen derecho a saber con qué criterios se han entregado cientos de millones de su dinero a empresas de dudosa solvencia o que incumplen la norma de ser estratégicas para la economía nacional o regional.

Volviendo a Portobello, no deja de tener su gracia que la parte podemita del Gobierno se pase la vida atacando a los «fondos buitre» (todos los fondos de inversión, según ellos, sin distinguir entre los que invierten en cotizadas, en capital riesgo, en inmobiliaria… si es que saben qué es cada cosa, claro) y que ellos mismos avalen rescatar a un montón de empresas propiedad de uno de estos fondos.

Lógicamente, otros competidores de Portobello pidieron el mismo trato que Portobello; por ejemplo, MCH, según fuentes conocedoras de la situación. Se trata de otro de los principales fondos de capital riesgo españoles que, tras quejarse, consiguió una ayuda pública de 18 millones para las discotecas Pachá y 6 para los gimnasios Altafit (que habían pedido 17). Pero no consiguió ponerse a la altura de su competencia. Y la respuesta del Gobierno es que el fondo grande, el de la SEPI, caducó en junio y ya no se puede rescatar a nadie más.

Buscarse las habichuelas

¿Por qué rescata el Gobierno a Portobello? Esa es la pregunta del millón. En el sector, no son pocos los que consideran que, ante la perspectiva de perder las próximas elecciones, varios miembros del equipo económico del Ejecutivo -ministros, secretarios de Estado, directores generales…- se están buscando ya las habichuelas para cuando tengan que dejar sus ministerios. Y en este país de nuestros pecados, las cosas funcionan así: yo hoy te doy a ti y mañana tú me das a mí.

Portobello fue fundado por Íñigo Sánchez Asiaín, sobrino del histórico José Ángel Sánchez Asiaín que fue presidente del entonces BBV hasta 1990 y buen amigo de Felipe González. También es primo de otro banquero de postín, Ignacio Sánchez Asiaín, exdirector general de Kutxabank y último consejero delegado del Popular, al que no consiguió salvar. El fondo gestiona 1.900 millones de euros e invierte en más de 60 empresas.

Como ya hemos dicho en esta tribuna en varias ocasiones, en el Gobierno hace tiempo que se están produciendo movimientos para colocarse cuando llegue el PP. El más escandaloso es el del marido de Teresa Ribera, Mariano Bacigalupo, que se ha garantizado seis años más de sueldo público, pero otros muchos se han ido de forma más discreta. En especial, del departamento de Nadia Calviño, donde ha huido todo el que ha encontrado otra cosa: en apenas tres meses la han abandonado su jefa de gabinete, su número dos, su responsable de comunicación (el enésimo desde que entró en el ministerio) y, el último, el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, que se ha buscado acomodo en el BERD en Londres.

Y los que quedan por salir. No les extrañe que más de uno acabe en Portobello.