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Multa a Atresmedia y Mediaset: la CNMC se suma a los reguladores que premian a Netflix y HBO

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El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. (Foto: APIE)

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto a Atresmedia y Mediaset una multa de 77,1 millones de euros. Ambas compañías han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Nacional la sanción del regulador, que esgrime prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en televisión. La CNMC, como avisan desde el mercado, está premiando a los gigantes estadounidenses y penalizando a las empresas españolas.

Un informe del analista James McKenzie, del grupo financiero independiente Fidentiis, avisa que, con su última decisión, la CNMC se une al club de reguladores de medios europeos que no se han dado cuenta de la irrupción en el mercado de medios de comunicación de grandes compañías de EEUU: “La CNMC se une a un ilustre y creciente club de reguladores de medios europeos que no han notado que los mercados muy limitados que regulan están siendo trastornados con agresividad por los gigantes estadounidenses”, avisa.

Fidentiis pone varios ejemplos. En primer lugar, habla de una sanción similar de Ofcom, la autoridad reguladora y de competencia en Reino Unido para las industrias de transmisión y telecomunicaciones del Reino Unido: “En 2007 Ofcom bloqueó el lanzamiento de Britbox, una empresa conjunta de transmisión entre BBC, ITV y Channel 4, cuyo objetivo era lanzar un servicio OTT en el Reino Unido muy similar a Netflix hoy”. Esta sanción supuso un freno para lo que podía haber sido un negocio disruptivo en el mundo de una empresa británica, porque en aquel momento no existía Netflix.

En segundo lugar, McKenzie recuerda que en 2018 Anacom, la autoridad nacional de regulación del sector de las comunicaciones en Portugal, bloqueó la compra de Media Capital por parte de Altice porque conduciría a la concentración en el mercado de la televisión portuguesa. No hay que olvidar que Netflix, HBO, Amazon Prime o Apple están presentes en Portugal y compiten, con escasos costes a nivel nacional, para conseguir cuota de mercado.

El análisis de Fidentiis cuestiona que ahora la CNMC en España “salta” sobre Atresmedia y Mediaset por el dominio del mercado en España mientras que pierden negocio ante la irrupción de empresas como Facebook (que aumentó un 28% sus ingresos por publicidad en el tercer trimestre) y Google (un 22%), que extienden su dominio sobre la publicidad global.

Mientras tanto, el organismo que preside José María Marín Quemada -que está intensificando el castigo a las compañías nacionales en el final de su mandato- impone a Atresmedia y Mediaset dos sanciones que equivalen al 4% y al 4,5% de los ingresos de cada una de las empresas.

La visión de Atresmedia y Mediaset

Atresmedia y Mediaset ya han anunciado que solicitaran medidas cautelares para que se suspenda la sanción hasta que los tribunales decidan para no generar «perjuicios irreparables», ya que la multa del organismo regulador obliga a ambas compañías a modificar su estrategia comercial antes de tres meses.

Mediaset y Atresmedia confían en que la sanción «injusta, errónea e infundada» será anulada en vía jurisdiccional por su deficiente consideración de la estructura de mercado, su base jurídica errónea, el error en la calificación de las conductas y la ausencia total de prueba de los efectos anticompetitivos supuestamente generados.

Atresmedia ve «desproporcionalidad» en la cuantía de la sanción (77,1 millones de euros) y apunta a que «se trata de la mayor multa jamás impuesta por la CNMC a una empresa por unas prácticas que solo alcanzan la categoría de infracción grave». «Supera con creces la mayoría de las sanciones impuestas hasta ahora por la CNMC incluso en el caso de infracciones calificadas como muy graves», subraya.

Atresmedia asegura que esta resolución «debilita la actividad» de los principales operadores «en beneficio de los que quieren obtener algunas ventajas comerciales y de los que pretenden obtener beneficios sin asumir riesgos» y Mediaset considera que no se ha probado que las conductas investigadas hayan producido (o sean susceptibles de producir) efectos anticompetitivos, ni que exista una relación de causalidad entre unos supuestos efectos anticompetitivos y sus conductas.

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