Miles de personas empleadas del hogar siguen sin cobrar el subsidio del primer confinamiento
El Gobierno aún no ha pagado prácticamente la mitad del subsidio para personas empleadas del hogar que se creó durante el primer confinamiento, un colectivo que ha sufrido gravemente las consecuencias de la crisis del coronavirus, ya que el miedo al contagio y los aislamientos forzados han dificultado que puedan desempeñar su trabajo en las casas durante lo peor de la epidemia del covid-19.
Según fuentes internas del SEPE consultadas por OKDIARIO -con acceso a los datos de los pagos-, si se presentaron 70.000 solicitudes aún faltan por pagar ayudas a entorno de 35.000 personas. Aunque la gestión de este subsidio -como el ingreso mínimo vital- se externalizó a Tragsatec, lo cierto es que al final es el SEPE el que tiene que hacer los abonos, lo que ha permitido ver la desprotección que sigue sufriendo este colectivo.
El propio Gobierno ha informado de que ha habido problemas para pagar los subsidios a las empleadas del hogar y están diseñando, en teoría, otro subsidio o una prórroga. El problema es que, más allá de que se creen nuevas ayudas, también es importante que las que se pongan en marcha se puedan gestionar. Por ahora, desde el 21 de julio de 2020 no puede solicitarse el Subsidio Extraordinario para Personas Empleadas de Hogar, según la información que facilita en su web el Ministerio de Trabajo.
Es decir, falta por pagar prácticamente la mitad de las ayudas a empleadas del hogar. Desde este organismo explican a este periódico que aunque se ha puesto el foco concretamente en el pago de los ERTE, en los que sigue habiendo graves problemas, en las otras prestaciones creadas por el Gobierno durante la pandemia también está habiendo dificultades o retrasos en los abonos.
Por otro lado, desde este organismo también explican que aún sigue habiendo expedientes de los primeros ERTE que se lanzaron en marzo sin pagar y que los retrasos en los pagos también se están produciendo tras la nueva prórroga, a pesar de que los trabajadores de este organismo cerraron por primera vez la nómina a pagar en sábado y de las horas extra que están teniendo que hacer para poder asumir gestionar toda la burocracia y el papeleo.
Sobre los ERTE aún no tienen cifras de cómo está siendo el nuevo retraso, pero fuentes sindicales avisan de que de las 750.000 personas que están acogidas a la prórroga de estos expedientes temporales no cobrarán a tiempo ni la nómina de octubre ni la de noviembre.
Los sindicatos exigen al Gobierno más personal en el SEPE
Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la publicación inmediata de una Oferta de Empleo Público extraordinaria para el SEPE y una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados ante la situación de emergencia social por el Covid-19 y las previsiones económicas y del mercado laboral.
CSIF pide la implementación de la jornada de tarde de manera voluntaria en este organismo, como sucede en el conjunto de Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Las horas extras autorizadas para el SEPE no son suficientes para afrontar la actual carga de trabajo, circunstancias que se podría paliar habilitando una jornada de tarde.
CSIF también reclama un apoyo decidido a la inversión en medios tecnológicos. Las aplicaciones y sistemas informáticos, con una antigüedad media de treinta años, ponen de relieve las deficiencias en la gestión y dificultan una tramitación más ágil de las prestaciones por desempleo.
En las dos últimas semanas, según datos recabados por CSIF, la plantilla del SEPE ha tenido que asumir la tramitación de cerca de 150.000 nuevos ERTE que afectan a más de 720.000 trabajadores, junto al resto de prestaciones extraordinarias y las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del Organismo. El nuevo subsidio para los parados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma está agravando la situación de sobresaturación de la plantilla e incide en el retraso del abono de las prestaciones.
Desde el sindicato advierten de que miles de personas afectadas siguen pendientes de regularizar sus prestaciones, muchos de ellos en una situación de una gran vulnerabilidad. CSIF ha insistido desde que arrancó la crisis de la necesidad de reforzar las plantillas que, en los últimos 10 años, como consecuencia de las políticas de recortes, han perdido 3.400 efectivos y se sitúa actualmente en cerca de 8.000 trabajadores, una cifra manifiestamente insuficiente para atender a la ciudadanía.
Hasta el momento, las plantillas del SEPE se han “parcheado” con personal temporal que, por otra parte, provienen de actividades que no tienen nada que ver con la gestión de las prestaciones, explican desde el CSIF.
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