Una marroquí cobró durante 11 años una ayuda para lo que no tenía derecho, ahora la Justicia responde: tiene que devolver 162.000 euros

La justicia neerlandesa ha puesto fin a un proceso que se prolongó durante casi once años. Es el caso de una mujer de origen marroquí con nacionalidad de los Países Bajos que deberá devolver 162.324,21 euros correspondientes a la asistencia social que percibió entre diciembre de 2013 y septiembre de 2024. El fallo, dictado por el tribunal de distrito de Oost-Brabant, confirma la decisión previa del ayuntamiento de Den Bosch de retirarle la prestación y reclamarle lo cobrado durante más de una década, al considerar que la beneficiaria ocultó información patrimonial decisiva para determinar si tenía derecho a la ayuda.

Una prestación pensada solo para quien no tiene recursos

El bijstand, equivalente en su función al Ingreso Mínimo Vital español, es la última red de protección social del sistema neerlandés, solo puede percibirse cuando el solicitante carece de ingresos y de patrimonio suficiente para mantenerse. La mujer comenzó a cobrar esta ayuda en diciembre de 2013 en su condición de madre soltera. Lo que el ayuntamiento no supo hasta años más tarde es que, meses antes de solicitar la prestación, ya había abierto una cuenta bancaria en Marruecos.

Una cuenta sin declarar y un piso con titularidad difusa

Según la resolución judicial, la beneficiaria reconoció posteriormente la existencia de esa cuenta marroquí, abierta en julio de 2013, y explicó que la utilizaba para pagar un seguro funerario que permitiría repatriar su cuerpo o el de sus hijos en caso de fallecer fuera de Marruecos. El tribunal no cuestionó esa justificación, pero sí el hecho de que nunca la comunicara a las autoridades neerlandesas, como exige la normativa de asistencia social.

En 2017 se formalizó además la compra de un piso en Nador, registrado a nombre de su hermana y después de su hija. El ayuntamiento lo consideró una titularidad simulada y el tribunal dio por plausible que ella lo financiara.

El chivatazo que activó la investigación

La investigación se puso en marcha en mayo de 2024, después de que el ayuntamiento de Den Bosch recibiera un aviso que apuntaba a que la mujer trabajaba de forma irregular, que tenía una vivienda en Marruecos y que mantenía una relación de pareja. El servicio municipal de empleo e ingresos, Weener XL, abrió entonces una investigación social para verificar esos datos.

El denunciante llegó a precisar que la mujer habría realizado dos pagos de 37.000 y 30.000 euros por el piso marroquí y que obtendría unos 2.000 euros mensuales limpiando de manera informal, cifras que el tribunal no llegó a dar por acreditadas, a diferencia de la falta de declaración de la cuenta bancaria y de la titularidad económica del inmueble, que sí consideró probadas.

En julio de 2025 el tribunal concluyó que la opacidad financiera, mantenida desde 2013, impedía saber si la mujer tuvo alguna vez derecho real a la ayuda, y ordenó devolver lo cobrado hasta septiembre de 2024. Tras agotar la vía administrativa, su recurso fue desestimado en julio de 2026, confirmando la reclamación íntegra, aunque en el cobro seguirá respetándose el mínimo inembargable que marca la ley neerlandesa.

Un tipo de litigio cada vez más frecuente

Los ayuntamientos neerlandeses han intensificado el cruce de datos con el extranjero para detectar patrimonio no declarado. La ley obliga a declarar cualquier vivienda o terreno fuera del país, y casos similares, con reclamaciones de hasta 177.000 euros, se han multiplicado en los últimos meses.