Los jubilados están de enhorabuena: Hacienda confirma que ya va a pagar las devoluciones de 4.000 euros

La Agencia Tributaria confirma una noticia de gran relevancia para millones de jubilados: se procederá a realizar devoluciones fiscales que pueden alcanzar hasta los 4.000 euros. Este anuncio responde a una reciente sentencia del Tribunal Supremo (identificada como 255/2023 mediante el Recurso de Casación 5335/2021 del 28 de febrero) que marca un hito al reconocer que los pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales hasta 1978 fueron gravados de manera incorrecta. La sentencia insta a Hacienda a reembolsar a estos pensionistas por los excesos tributarios relacionados con sus pensiones, con el objetivo de evitar la doble imposición.

Esta medida tiene un impacto particular en pensionistas que estuvieron integrados en el sistema de mutualismo laboral, especialmente aquellos pertenecientes a sectores como la banca, las eléctricas, el comercio, la metalurgia, la construcción, los astilleros y la pesca. La sentencia busca garantizar que estas personas no sean gravadas dos veces por el mismo concepto, evitando así la doble imposición que podría resultar injusta.

El fallo a favor de los jubilados

El fallo beneficia especialmente a los mutualistas de sectores como la banca, que realizaron aportaciones entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. La devolución también abarcará a otros trabajadores que cotizaron en antiguas mutuas hasta el mencionado año. La base de la devolución radica en que estos trabajadores tributaron por el 100% de sus pensiones, cuando en realidad deberían haberlo hecho por el 75%, según lo establecido por la sentencia del Tribunal Supremo.

La doble imposición es un concepto central en este contexto y se refiere a la carga de pagar por un mismo hecho imponible dos veces en un mismo periodo impositivo. La sentencia busca corregir esta injusticia, asegurando que los pensionistas no sean penalizados de manera duplicada por sus aportaciones a mutualidades laborales.

La Agencia Tributaria emitirá una nota informativa antes del inicio de la campaña de la Renta 2023-2024, proporcionando detalles sobre el proceso que los afectados deben seguir para reclamar la devolución del dinero. Este documento será fundamental para orientar a los pensionistas afectados y facilitarles el procedimiento necesario para recuperar los importes correspondientes.

Es importante destacar que, a nivel internacional, España cuenta con más de 80 convenios de doble imposición con diversos países, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido, Singapur, Turquía y Vietnam. Estos acuerdos buscan facilitar soluciones para evitar la doble tributación en situaciones similares, ofreciendo un marco legal que protege los derechos de los contribuyentes.

El derecho al error

La relación entre los contribuyentes y Hacienda ha estado marcada por la rigurosidad y la voracidad recaudatoria de esta última durante décadas. La imposición de multas alegando incumplimientos tributarios ha sido una práctica común, sumando cuantiosas cifras anuales, como los 7.000 millones de euros alcanzados solo en 2022, rozando los 30.000 millones. Este escenario ha llevado a muchos contribuyentes, entre ellos personajes conocidos como Xabi Alonso o Dani Pedrosa, a recurrir estas sanciones ante la Justicia, aunque pocos pueden costear prolongados litigios contra Hacienda.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha respondido ante una situación específica, generando un cambio significativo en el enfoque judicial respecto a la imposición de multas por parte de Hacienda. La sentencia establece un importante precedente al reconocer el «derecho al error» de los contribuyentes frente a la Administración Tributaria.

Históricamente, cuando Hacienda detectaba errores en las declaraciones de los contribuyentes, la imposición de multas era prácticamente ineludible, sin importar las circunstancias que condujeron a dicho error. Sin embargo, la nueva perspectiva judicial, manifestada en el fallo del tribunal gallego, desafía esta práctica, exigiendo a Hacienda que demuestre la intención de defraudar del contribuyente antes de imponer sanciones.

El caso que llevó a este cambio de enfoque surgió cuando Hacienda multó a un contribuyente por declaraciones incorrectas en sus impuestos. A pesar de que la Agencia aceptó la regularización de los ingresos, la multa impuesta fue cuestionada por el contribuyente, quien argumentó su ausencia de intención de defraudar. Incluso el abogado del Estado reconoció la complejidad tributaria del caso. El fallo del tribunal gallego destaca que la culpabilidad es esencial en las infracciones tributarias y que la carga de la prueba recae en Hacienda, desafiando la práctica automática de imponer multas sin probar la intención de defraudar.

Este veredicto no solo tiene un impacto individual en el caso específico, sino que representa un hito trascendental en la relación entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria, estableciendo un precedente fundamental para casos similares en el futuro. Más allá de desafiar la práctica pasada de imposición automática de multas, subraya la necesidad de una mayor claridad y justicia en el proceso de aplicación de sanciones fiscales.

La importancia de este cambio en el enfoque judicial se extiende al sistema tributario en su conjunto. Podría impulsar un marco más equitativo y equilibrado en la imposición de multas fiscales, asegurando el respeto a los derechos de los contribuyentes y exigiendo que las sanciones estén respaldadas por pruebas claras y convincentes de la intención de defraudar. Esta sentencia, probablemente, generará un cambio en las prácticas de la Agencia Tributaria, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en sus acciones, lo que a su vez fortalecerá la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario.