Imputan a 5 ex directivos de Popular por financiar a clientes para acudir a la ampliación de capital

El caso ‘Banco Popular’ va sumando nuevos investigados en la causa a medida que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, va interrogando a testigos y observando acciones pasadas que deben ser objeto de investigación judicial. Este viernes, el juez del juzgado de instrucción número 4 del tribunal especial ha citado para declarar como investigados (antiguos imputados) a cinco ex directivos de Popular.

Sus nombres son Antonio Pujol, José Ramón Alonso, Jesús Arellano, José María Sagardoy y Yolanda García. Precisamente esta última directiva fue informada este mismo jueves de que sería citada como investigada mientras estaba realizando su declaración ante el juez como testigo. Al juez Calama no le gustaron las palabras de García, que estuvo trabajando en el departamento de auditoría del Banco Popular desde 2012 y por tanto bajo las órdenes tanto del antiguo presidente Ángel Ron como de Antonio Saracho, que apenas llegó a 100 días como máximo responsable del banco.

«La financiación para invertir en la ampliación de capital ocultaba el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio»

Según el auto judicial, «una de las cuestiones que están siendo objeto de investigación en la presente causa es la presunta financiación facilitada por el Banco popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio».

Tal y como indica el juez, «esta conducta elusiva parece haber sido orquestada por el CEO de Banco Popular, Francisco Gómez, el director de Banca Minorista, Antonio Pujol, y el director de negocio de clientes, José Ramón Alonso Lobo». Según dice, «en diversas reuniones en 2016 de dichos altos directivos con los directores territoriales y regionales de Banco Popular, se perfiló la actuacón comercial que se iba a realizar para que los clientes de la entidad invirtieran en la ampliación de capital con financiación de Popular (pólizas de crédito o préstamo) probablemente con un tipo de interés bonificado».

Según dice el juez, muchas operaciones de financiación no estaban correctamente apuntadas porque iban directamente a la ampliación de capital

Pero lo peor, según apunta el juez, es que «departamentos centrales del banco, como intervención, riesgos y auditoría, podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal». Tal y como indica, «en los registros contables del Banco Popular se asentaban las operaciones de activo con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, que era la inversión en ampliación de capital, una conducta que implica una grave alteración de la contabilidad del banco».

Financiación de acciones

Según el juez Calama, es necesario ampliar la investigación a varias personas más porque se ha ido conociendo de su implicación con diferentes grados de intensidad en estas prácticas de financiaciones de alto riesgo y poco ortodoxas, que ya venían siendo habituales en el Banco Popular. «Salvo la señora García, todos ellos aparecen expresametne citados en un informe fechado el 2 de octubre de 2017, elaborado por los vicesecretarios del consejo de administración del Banco Popular en los que se atribuye a dichos directivos su referida financiación de acciones durante la ampliación de capital».

Varios miembros del consejo de administración y también clientes coincidieron en que dar financiación a un cliente para que fuera a la ampliación de capital fueron prácticas habituales en Popular

Con respecto a García, el señor Lleó, vicesecretario del consejo de administración, la cita expresamente «como una de las personas que le informó sobre estos hechos. Por otra parte, su condición de directora del departamento de auditoría interna, hace altamente improbable que no estuviera al tanto de una práctica comercial de Banco Popular. En este procedimiento ya han comparecido testigos que participaron en la ampliación de capital y aseveraron de forma inequívoca que los directivos de Banco Popular les ofrecieron sin ambages financiación para participar en dicha ampliación».

Para enero

Con todo, las declaraciones de estos directivos de segundo nivel en el caso Popular se van ya para enero de 2021, tal y como lo ha establecido el juez de la Audiencia Nacional. Pujol, Alonso, Arellano, Sagardoy y García acudirán entre el 12 y el 21 de enero pero como investigados.

El juez Calama ya ha llamado a declarar tanto como investigados como como testigos a muchos de los principales protagonistas de la caída de Banco Popular y su compra por un euro por Banco Santander. A las preguntas del juez han respondido personajes tan relevantes como Ana Botín, en calidad de testigo, o Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y ministro de Economía durante los días de la caída de Banco Popular.