Iglesias se monta un sistema de compra de votos: el ingreso vital se seguirá cobrando con un trabajo
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha montado en la práctica un sistema de compra de votos con su ingreso mínimo vital con el que pretende llegar a 2,3 millones de personas y a 850.000 hogares. Tanto el PSOE como Podemos lo tratarán de rentabilizar electoralmente.
La novedad de esta medida aprobada este viernes es que no sólo se otorgará a personas que verdaderamente están en situación de pobreza severa, sino que este ingreso será compatible con tener un puesto de trabajo, al menos durante «cierto tiempo», pero no se ha detallado cuánto.
Según ha detallado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, cuando un desempleado encuentre un puesto de trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación.
En concreto, en el caso de los hogares en los que alguno de los miembros ya trabaja pero que la familia tenga reconocido el derecho a este subsidio, «por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su Ingreso Mínimo Vital se reducirá en una cantidad inferior».
El vicepresidente Iglesias lo ejemplificó de la siguiente manera: si alguien que está cobrando el ingreso mínimo vital consigue ganar 100 euros más al mes, «no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos».
Es decir, que si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación.
El argumento de Pablo Iglesias para justificar que se pueda seguir cobrando parte del subsidio aunque se trabaje es el siguiente: evitar «la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre un empleo y aceptar una prestación social».
Capitalizar el ingreso mínimo
Pese a compartir la necesidad de poner en marcha este ingreso mínimo vital, los dos partidos de la coalición tratarán de capitalizar los beneficios electorales que puedan salir de esta medida.
De hecho, ya están buscando que les ayude a mejorar su imagen. El sábado, en su rueda de prensa semanal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció la labor de la Agencia Tributaria, el ministerio de Inclusión y la Seguridad Social para sacar adelante la medida. Ninguna mención a Pablo Iglesias y su vicepresidencia. Hoy Adriana Lastra, en un tuit, vinculaba esta prestación al trabajo de Sánchez y la ex ministra María Luísa Carcedo.
Podemos, por su parte, ha utilizado sus redes sociales para difundir la aprobación de este ingreso mínimo vital con los colores y la marca de la formación morada. Los de Iglesias se sienten los padres legítimos de la medida pese a que no les dejen tener el protagonismo que creen que merecen.
La gran mayoría de beneficiarios son potencialmente votantes de los dos partidos que forman la coalición socialcomunista. Por eso PSOE y Podemos se lanzan al voto de los agraciados que, a partir del mes que viene, verán complementados sus ingresos con esta ayuda.
Umbral mínimo de renta
El Ingreso Mínimo Vital fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva.
El máximo será de 1.015,3 euros al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños, entre otras, en tanto que se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad de 100 euros.
Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo.
Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España. El ingreso mínimo cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluidas las salariales) y el umbral fijado para ese tipo de hogar.
La medida establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.
Los potenciales beneficiarios tendrán que solicitar el subsidio preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.
El Gobierno se plantea la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos o con la ayuda de las entidades del tercer sector.
Test de riqueza
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dice que, además de pagarles el subsidio, se promoverán estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un «incentivo» al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.
El Gobierno revisará la evolución de esta medida en una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un «test de riqueza». Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual.