Iberdrola, Naturgy y Endesa claman contra Ribera por el exceso de regulación: «Genera incertidumbre»

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres grandes eléctricas del mercado nacional, han cargado contra el Gobierno por el exceso de regulación de los últimos meses, modificando constantemente el funcionamiento normal del mercado energético, lo que «genera incertidumbre» e impide a las compañías hacer planes estratégicos a medio y largo plazo. Incluso, en algunos casos el Ejecutivo presenta normas que luego no llega a aprobar y deja dormidos en un cajón, como es el caso del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), un fondo que tenían que pagar las petroleras.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha señalado públicamente este viernes «la necesidad» de «una regulación estable» para que las empresas puedan hacer sus previsiones y «poder afrontar las inversiones necesarias para la descarbonización» del sistema eléctrico.

El jefe de Iberdrola en España, Mario Ruiz Tagle, ha insistido también en este grave problema en unas jornadas celebradas en Madrid: «Estamos yendo hacia una regulación cada día más compleja, con mayor grado de incertidumbre y con menor temor a la retroactividad, y eso el mundo inversor lo percibe claramente».

Las consecuencias para las compañías son evidentes. Hace unos días, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, admitió durante la presentación de los resultados anuales de la gasista, que ya podían elaborar un nuevo Plan Estratégico al considerar que ya se ha cumplido el anterior pero que iban a esperar a que se aclarara el marco regulatorio. «Vamos a revisar el Plan Estratégico, pero tenemos que esperar a tener una idea clara del mercado y su regulación para hacerlo», dijo. Reynés cuantificó en 20 las normas nuevas que se habían aprobado tanto en España como en Europa que modifican el funcionamiento del sistema energético.

Además, algunas de estas normas duermen el sueño de los justos y finalmente no entran en vigor o son modificadas al poco tiempo. Un ejemplo es el FNSSE, pero hay más. En el verano de 2021 el Gobierno lanzó una ley para anular la señal del precio de dióxido de carbono a la centrales sin emisiones -Proyecto de Ley de Detracción de CO2-, que está parada en el Congreso de los Diputados.

En septiembre de ese mismo año se planteó un proyecto de subastas obligatorias para operadores dominantes por el 25% de la producción no emisora, que «también está parada porque se ha demostrado que está toda la electricidad vendida y podría implicar la ruptura de contratos a clientes que aseguraron su precio», señalan fuentes del sector.

Impuestazo

Otra de las consecuencias es que se judicializa el sector. El último ejemplo es el del impuestazo aprobado a energéticas y bancos, que ha sido recurrido ya por Endesa e Iberdrola en particular, y la patronal en conjunto. El Gobierno ha gravado el 1,2% de los ingresos, cuando en el resto de Europa se ha aprobado un impuesto similar pero que grava los beneficios.