El Gobierno está convencido de que la CNMV y Bruselas cederán a la presión y aprobarán su entrada en Talgo

El Gobierno está convencido de que la futura entrada del Estado en el capital de Talgo, que sigue adelante a pesar de la imputación del presidente de Sidenor, como adelantó OKDIARIO, no tendrá obstáculos ni por parte de Bruselas ni de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), según fuentes conocedoras de la situación.

Ambos organismos suponen dos importantes escollos para la operación de rescate de Talgo. En el caso de la Comisión Europea, porque la inyección de 45 millones de dinero público puede considerarse ayuda de Estado a una empresa en pérdidas.

Y en el del supervisor del mercado, porque hay una evidente concertación entre la SEPI (el holding a través del que invierte el Estado) y el consorcio vasco de Sidenor, que va a comprar el 29,7% del capital de la ferroviaria, lo que en teoría obliga a ambos a lanzar una OPA sobre el 100%.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que ninguno de los dos organismos va a poner problemas a la operación. De ahí que este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciara la intención de la SEPI de tener un asiento en el consejo de Talgo.

«Bruselas no va a oponerse a la operación de Talgo porque ha permitido otras similares en otros países y las cantidades de las que se está hablando son pequeñas, y la CNMV hará lo que le diga el Gobierno», asegura una de ellas.

No obstante, otra fuente advierte de que «existe el riesgo de que los competidores de Talgo, como la alemana Siemens o la francesa Alstom, o incluso la propia CAF, protesten ante la Comisión y la presionen para abrir un expediente con ayuda de sus Gobiernos. Es lo que pasó con la fusión de Iberia y Air Europa, aunque es cierto que el impacto en la competencia era mucho mayor en aquel caso».

Más llamativa sería la aprobación por parte de la CNMV sin obligar a las partes a lanzar una OPA. La SEPI comprará un 7,9% del capital y el consorcio de Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital adquirirán el 29,7% citado, con lo que superarán el 30%, que es el umbral que marca la ley para que sea obligatoria una oferta por el 100%.

Para evitarlo, el supervisor bursátil que preside Carlos San Basilio debe dictaminar que no hay concertación entre el consorcio y la SEPI, a pesar de que la operación fue acordada en una reunión en Moncloa entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.

El obstáculo del dinero

Hay más obstáculos para la operación, pero las fuentes creen que también se superarán sin problemas. Así, una de las condiciones de la SEPI para inyectar dinero público en Talgo es «la suscripción de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 75 millones de euros por un grupo de inversores en las mismas condiciones de suscripción que las de SEPI».

Esto elevará la factura del consorcio a 232 millones (sumando los 157 millones de la compra del 29,7% del capital a 4,25 euros por acción, un precio muy superior al de mercado). Finkatuz y las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros vascas no tendrán problemas para asumir la parte que les corresponde, pero no así Sidenor -que no tiene ninguna sinergia con Talgo-. Por eso, el contrato de compraventa de las acciones contempla una cláusula de salida para la siderúrgica.

Por último, el Gobierno se ha comido sus principios propalestinos y antiisraelíes e irá en la operación de la mano de José Antonio Jainaga, imputado en la Audiencia Nacional por contrabando y complicidad en genocidio por vender acero a una empresa israelí que fabrica armas. Jainaga desmintió las acusaciones la semana pasada ante el juez.