El nuevo país que está diseñando el Gobierno, para afrontar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus y de las medidas de confinamiento, se parece cada vez menos al que existía antes de la declaración del estado de alarma.
Ni siquiera es similar al de hace diez días, cuando se anunció el primer paquete de medidas económicas, que no fue visto con malos ojos ni por los empresarios ni por los partidos de la oposición. Eso sí, todos coincidían en una cosa: hacía falta más contundencia.
El problema es que la contundencia ha llegado, pero en la dirección contraria. En el Consejo de Ministros del pasado domingo y de este martes se ha dado luz verde a un sinfín de subsidios económicos. Se observa la influencia del líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Por ejemplo, se darán ayudas mensuales para empleadas del hogar y trabajadores temporales (440 euros al mes). También se prohibirán los desahucios y se pagará a los pequeños propietarios los alquileres que no se puedan abonar. Otra de la iniciativas es que se prohibe la suspensión de los suministros de luz agua y gas. Además, habrá una moratoria en el pago de los préstamos, tanto hipotecarios como no hipotecarios.
Sin embargo, hay medidas que brillan por su ausencia: los estímulos económicos a las empresas, que son el motor económico del país y las que generan empleo. En ningún momento se han bajado los impuestos a las compañías ni se han aprobado aplazamientos o moratorias fiscales generalizadas (los calendarios fiscales siguen su curso). Más de veinte países de la UE, en cambio, sí que lo han hecho. Y muchas comunidades autónomas.
Eso sí, después de muchas reclamaciones de pymes y autónomos, sí habrá moratorias y aplazamientos de las cotizaciones sociales, aunque esto signifique que estos colectivos que sostienen el mercado laboral español tendrá que sortear numerosas trabas burocráticas en el día a día, pese a que sus gestores están totalmente colapsados y los funcionarios están saturados ante la ingente cantidad de medidas que aprueba el Gobierno día tras día.
No hay que olvidar que hay al menos dos números del BOE en algunas jornadas del estado de alarma (este mismo lunes ocurrió) y varios consejos de ministros a la semana. Pero más leyes no significa que sean buenas. Un mantra de los empresarios es el siguiente: «Hay que legislar menos y mejor».
Muchas de las medidas a las que ha dado el visto bueno Pedro Sánchez serán contraproducentes. Por ejemplo, la prohibición de despedir, según diversos informes, puede provocar tras el final del estado de alarma una oleada de demandas cruzadas en los tribunales.
La nueva legislación laboral, la más restrictiva de la historia, prohíbe que las empresas que aprueben un ERTE de «fuerza mayor» o por causas organizativas y económicas vinculadas al coronavirus puedan despedir en los siguientes seis meses. Sin embargo, este martes desde Presidencia del Gobierno tuvieron que salir al paso avisando que el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. Matizaciones que no excluyen que, a medio plazo, vaya a haber una oleada de demandas cruzadas en los tribunales.
Por otro lado, ante las restricciones a las subidas del alquiler y la suspensión de los desahucios, empresas como Idealista avisan de que provocarán el efecto contrario al que se busca. Concretamente el paquete de medidas del Ejecutivo contempla la suspensión de los desahucios seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis. Las arcas públicas estarán más tensionadas que nunca.
Otra de las medidas que se pondrá en marcha en breve es que las personas que puedan verse más afectadas por esta crisis puedan rescatar su dinero de los planes de pensiones, «pan para hoy y hambre para mañana» en opinión de los expertos consultados por OKDIARIO. En primer lugar, porque solventan un problema a corto plazo pero se genera uno mucho mayor en el futuro y, en segundo lugar, porque muchos planes de pensiones vinculados a la renta variable hará que muchos españoles pierdan sus ahorros si deciden rescatar ahora el dinero que estaban guardando para su jubilación.
A esto se suma el permiso retribuido hasta el día 9 de abril de los trabajadores por cuenta ajena en servicios no esenciales, una iniciativa que para el Gobierno es «de vanguardia» -y que se asemeja a una ampliación de las «vacaciones de Semana Santa»- pero que en realidad supone que los empresarios deban pagar a sus asalariados aunque no vayan a producir ningún recurso estos días. En un futuro tendrán que devolver las horas extra, pero el agujero en las cuentas de las empresas no será tan fácil taparlo, sobre todo en un país en el que el Producto Interior Bruto podría llegar a caer hasta un 10%.
Uno de los grandes problemas de las últimas medidas del Ejecutivo es que disparan la incertidumbre, que es clave para la economía de un país. Sin credibilidad están en juego las inversiones o las decisiones de consumo. No ayuda, por ejemplo, que el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que a partir del lunes los trabajadores se debían quedar a sus casas y que el domingo hasta las 23:40 horas de la noche no se supiera aún qué sectores estaban afectados y cuáles no.
Tampoco es beneficioso que, en un principio, se dijera que todos los servicios no esenciales no podrían funcionar y que este lunes y este martes -en el BOE y en una rueda de prensa- Nadia Calviño aclarara que en realidad la industria electrointensiva, por sus características y relevancia, es una de las que no puede parar su actividad al completo, solicitando a las empresas que garanticen el «nivel operativo mínimo».
En la nueva economía subsidiada, por poner otro ejemplo, la cuota que los empresarios y trabajadores pagan para «formación profesional para el empleo» se destinará durante este año 2020 a financiar cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo. Es decir, que ya no serán para formación, a pesar de los problemas endémicos que tiene en este asunto el mercado laboral español.
Pocos hablan ya del paquete de avales y préstamos del Ejecutivo, que se cifraba en 100.000 millones de euros y de los que, por ahora, sólo se han activado 20.000 millones mediante una línea ICO. Mientras tanto, pymes y autónomos desesperados relatan a OKDIARIO que han sufrido en sus propias carnes que la letra pequeña de esta propuesta gubernamental les impide acceder a estos créditos sin intereses.
Mientras tanto, el vicepresidente Iglesias sigue aprovechando sus escasas intervenciones públicas para abogar por el intervencionismo. En Twitter recientemente afirmó que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Tampoco ayuda la declaración de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, amenazando con obligar a devolver hasta el «último céntimo de euro» a las empresas que tengan alguna irregularidad en los famosos ERTE. Podemos sigue ganando peso en el Consejo de Ministros.
