Calviño confirma la nacionalización de la Sareb como adelantó OKDIARIO
El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar un real decreto que permitirá que el Estado, a través del FROB, tenga el control de la Sareb, el banco malo creado tras el rescate financiero de España para dar salida a los activos inmobiliarios de las entidades que recibieron ayudas. A finales del pasado marzo la oficina estadística europea decidió incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit.
A partir de ahí, según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno empezó a barajar la idea de que, si el riesgo de la compañía lo asumía íntegramente el Estado, tenía más sentido que la Sareb dejara de tener accionistas privados -como el Banco Santander, CaixaBank y el Sabadell- y pasara a ser una sociedad con mayoría de capital público. Aun así, la Sareb se constituyó a finales de 2012 en base a un real decreto que establecía el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y recogía que «en ningún caso» la participación pública en el conjunto de las participaciones directas o indirectas podía ser igual o superior al 50%.
Por lo tanto, para que el Estado pueda tomar el control de la sociedad, el Consejo de Ministros quiere aprobar mañana la fórmula legal para salvar ese escollo y debe hacerlo con una norma con el mismo rango, es decir, por real decreto. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado este lunes en Bruselas que la previsión es que mañana en el Consejo de Ministros se aprobará formalmente que la estructura de gobernanza y la estructura de capital y el funcionamiento de la Sareb se adapten a lo que ya es una realidad económica debido al cambio de Eurostat que obligó a contabilizar toda la deuda de la compañía.
«Se trata solamente de adaptar el régimen jurídico y la gobernanza a la realidad económica que haya vigente en un tema que como le digo arrastramos y responde a las decisiones que tomó el Gobierno anterior en respuesta a las crisis financiera», ha explicado a los medios de comunicación antes de participara en la reunión del Eurogrupo.
Los bancos aceptaron hace meses que tendrían que salir del capital de la Sareb si el Gobierno quería tomara el control absoluto de la compañía, es decir, nacionalizar la sociedad y pasar a ser el único accionista. No obstante, según fuentes próximas a las negociaciones, en los planes del Ejecutivo ya no está hacerse con el 100% de la sociedad, lo que permitiría que bancos como el Santander, CaixaBank y Sabadell siguieran siendo accionistas de la Sareb. En cualquier caso las entidades entienden la decisión del Gobierno, la respetan y creen que tiene sentido tras el cambio de criterio de Eurostat, que obligó a contabilizar la sociedad en las cuentas públicas.
Varias fórmulas posibles
No está clara la fórmula que utilizará el Gobierno para la nacionalización de la Sareb. Podría ser una compra de la participación de los bancos y empresas por un euro -Sareb tiene valor negativo- o bien directamente una expropiación. Expertos consultados descartan una operación acordeón (reducir el capital a cero y ampliarlo después) como la que se hizo con el rescate de Bankia, ya que entonces el Estado tendría que poner de golpe los 10.500 millones de patrimonio neto negativo para reequilibrar el balance. En vez de eso, quiere ir trasladando gradualmente a déficit estas pérdidas acumuladas y las que se produzcan en 2021 y en el futuro, que tendrá que financiar emitiendo más deuda pública. El Gobierno ya imputó 7.000 millones a déficit con cargo a 2020 tras la decisión de Bruselas.
Este Real Decreto que aprobará el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros debe modificar una serie de normas legales para posibilitar la citada nacionalización. La Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero estableció la base de funcionamiento de la sociedad, y su régimen jurídico fue actualizado en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, y desarrollado por el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre.