La Generalitat miente sobre la anciana de Reus: Gas Natural no incumplió los protocolos porque no existen

La Generalitat de Cataluña acusa a Gas Natural Fenosa de no cumplir el mandato de la ley autonómica de pobreza energética cuando cortó el suministro eléctrico a la anciana de Reus que falleció la semana pasada. Sin embargo, en un documento interno la directora general de Consumo, Montserrat Ribera, admite que no hay desarrollo reglamentario de la citada norma (la Ley 24/2015) y que, por lo tanto, no existen los protocolos necesarios para que las empresas informen a la Administración de que se ha producido una retirada del suministro por impago.

Según revela el acta de una reunión mantenida el pasado 13 de junio en el seno del departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, la directora general de Consumo explicó que se estaba “trabajando en los protocolos para desarrollar” la citada Ley de pobreza energética, “con el objetivo de evitar dudas a la hora de aplicar la norma por parte de las empresas y los servicios sociales, a efectos de garantizar la protección de las personas”.

A pesar de que la Generalitat es consciente de que los protocolos de actuación de la norma no existen, los máximos dirigentes del gobierno regional catalán han cargado contra Gas Natural Fenosa, acusando a la empresa precisamente de no respetar los citados protocolos.

Tanto el secretario de Empresa de la Generalitat, Joan Aregio, como el presidente del gobierno autonómico, Carles Puigdemont, y el alcalde de Reus, Carles Pellicer, tras la muerte de la anciana se apresuraron a culpabilizar a Gas Natural Fenosa por no haber comunicado al consistorio que había cortado el suministro, cuando en la propia normativa no se especifica el mecanismo para realizar este aviso.

De hecho, desde noviembre de 2015 Gas Natural ha solicitado en varias ocasiones a la Generalitat que defina el citado protocolo de comunicación e intervención de los servicios sociales municipales, y el procedimiento que permita a los servicios sociales emitir los informes de vulnerabilidad previsto en la Ley 24/2015, sin que hasta el día de hoy se hayan aprobado. A pesar de todo ello, la Generalitat ha decidido abrir un expediente sancionador a la compañía.

“La Generalitat aún no ha aprobado el desarrollo reglamentario que tiene que concretar cómo se va aplicar la Ley 24/2015 en los distintos aspectos que regula, y entre ellos, cuál va a ser el mecanismo para obtener los informes que han de emitir los servicios sociales de cada ayuntamiento. De hecho, existe un mandato expreso del Parlamento de Cataluña de fecha 10 de marzo de 2016, aprobado en el Pleno monográfico sobre emergencia social que tuvo lugar en esa fecha, por el que se instó al gobierno regional a aprobar dicho desarrollo reglamentario, y que a día de hoy aún no ha sido aprobado” indican fuentes del sector energético catalán.

El Gobierno impugna la ley de pobreza energética catalana ante el TC

El problema normativo es aún más profundo, ya que existe confusión entre las distintas administraciones públicas sobre sus competencias en relación a esta ley; así, tanto la Generalitat como diversos ayuntamientos se han dirigido a Gas Natural Fenosa proponiendo la firma de convenios para concretar la aplicación de esta normativa que no son coherentes entre sí.

A esto se suma el hecho de que el Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional varias de las leyes de pobreza aprobadas por la Generalitat, al haberse declarado que la regulación del corte de suministro es una competencia exclusiva del Estado.

“Por eso es tan relevante la falta de desarrollo reglamentario. Es necesario aprobar una norma reglamentaria que clarifique todas estas cuestiones, y una vez se apruebe, ver si establece un mecanismo de relación único con todos los ayuntamientos, o si cada uno establece el suyo, y cómo se concreta ese intercambio de información y qué efectos produce, y si el desarrollo se centra en la regulación del corte  de suministro o en otros mecanismos de protección de los clientes vulnerables tendentes a evitar el corte de suministro, a la vista de esa  doctrina constitucional”, indican las fuentes consultadas.

Por su parte, Gas Natural Fenosa indica que “ha trabajado conjuntamente con la Generalitat para definir los protocolos y convenios previstos en la Ley, y ha establecido acuerdos operativos con los servicios sociales de más de 400 ayuntamientos, para articular el modo que permita obtener información sobre los clientes vulnerables existentes en cada municipio”. Estas tareas han dado lugar a que la compañía haya identificado más de 9.000 clientes como vulnerables, a los que no se les interrumpe el suministro en caso de impago.