Fomento y Carmena negocian desbloquear la Operación Chamartín tras la prórroga de BBVA y San José

Carmena
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Foto: EFE).

El Ministerio de Fomento considera que es factible lograr que el Ayuntamiento de Madrid cambie de opinión y deje de obstaculizar la Operación Chamartín (rebautizada como Castellana Norte), un proyecto capitaneado por BBVA y el Grupo San José que pretende renovar la zona norte de la capital de España y en la que está prevista una inversión de 6.000 millones de euros (y la creación de 120.000 empleos), de los que 2.444 millones corresponderían a urbanización, infraestructuras y equipamientos públicos.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en que el proyecto salga adelante en un plazo máximo de seis meses, después de que la corporación DCN (controlada por BBVA y San José) han decidido prorrogar la fecha límite el pasado 31 de diciembre. Aunque admite que “no es fácil” que se logre un acuerdo para desatascar la parálisis en la que se encuentra esta infraestructura, De la Serna espera que se logre un “punto de encuentro” entre el plan inicial de DCN y la propuesta alternativa presentada por el Ayuntamiento.

El problema es que el proyecto alternativo del equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, liderado por el concejal de urbanismo de Madrid, José Manuel Calvo, no tiene consistencia y está elaborado para tumbar el diseño inicial. De hecho, el propio Ministerio de Fomento mantiene un contencioso judicial con el ayuntamiento por el bloqueo del proyecto de DCN que ha tirado por tierra el trabajo realizado hasta la fecha y el acuerdo alcanzado entre el consorcio empresarial, el Ministerio de Fomento, y la anterior alcaldesa, Ana Botella.

Todas las autorizaciones administrativas del proyecto inicial de la Operación Chamartín llevan aprobadas desde febrero de 2015. Además, existen 48 informes técnicos respaldados por las tres administraciones públicas que intervienen (la central, la autonómica y la local) que confirman su viabilidad . El plan de DCN ha recibido e incorporado también las alegaciones ciudadanas correspondientes.

En este contexto, Manuela Carmena ha abierto hoy la puerta a que se alcance el acuerdo en el que confía el titular de la cartera de Fomento y ha precisado que “hay que escucharse unos a otros para desbloquear la situación y ver los puntos en los que hay coincidencias”. Desde las empresas afectadas (BBVA y San José) se reciben estas palabras con esperanza, pero también con escepticismo, ya que la visión del equipo municipal liderado por Calvo está a años luz del proyecto de DCN.

Castellana Norte
Vista general del proyecto Castellana Norte.

El norte de Madrid es a día de hoy un páramo de infraestructuras degradadas, eriales utilizados como descontrolados vertederos y baldíos ferroviarios que hacen la zona poco atractiva y, además, ruidosa para los vecinos. La inversión programada en infraestructuras y equipamientos públicos, que será íntegramente financiada de forma privada (si sale adelante el plan de DCN), incluye 138 millones de euros para la modificación de la línea 10 de Metro Madrid, con tres nuevas estaciones a lo largo de la prolongación de la Castellana, además de la renovación de la estación de Chamartín y la creación de dos nuevas estaciones de Cercanías.

La renovación ferroviaria no se queda ahí, sino que también se contempla una aportación de más de 250 millones de euros para soterrar las vías, que actúan como barrera urbanística, y prolongar así el Paseo de la Castellana en 3,7 kilómetros. De este modo, se convertiría en una de las cinco mayores avenidas de Europa y serviría como eje de conexión entre los barrios del entorno, actualmente incomunicados.

Distrito Castellana Norte aporta también soluciones para dos de los puntos más problemáticos en cuanto a tráfico en la capital. En primer lugar, se asignan 146 millones de euros para la remodelación del Nudo Norte, por el que pasan más de 275.000 vehículos al día. En segundo orden, el Nudo de Fuencarral tiene una asignación total de 68 millones de euros. El Canal de Isabel II también recibirá una aportación de 81 millones de euros.

En el proyecto se destinan 566.000 metros cuadrados a espacios verdes, superficie equivalente a 56 estadios de futbol, y una vía ciclista de casi 13 kilómetros, además de varios bulevares peatonales. También se proyecta la incorporación de un nuevo parque y la ampliación de los actuales.

Además de esta inversión de 1.341 millones de euros en infraestructuras y urbanización, se incluyen otros 1.103 millones de euros para equipamientos públicos. Distrito Castellana Norte construirá 20 centros educativos, tres centros de salud, ocho centros sociales y residencias, siete centros culturales y bibliotecas, ocho centros deportivos, entre otros. Todo ello cercano a los barrios limítrofes y sin coste público alguno.

Por si todo esto fuera poco, el desarrollo de este proyecto supondría una inyección de 3.400 millones de euros en ingresos fiscales para las arcas públicas. sta cifra proviene de sumar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Plusvalías y otros tributos que ingresarán las administraciones por ser propietarias de buena parte de los terrenos que se verán afectados. Sólo por el suelo que obra en poder del Consistorio los ingresos pueden superar los 1.000 millones de euros.

Murgui
Manuela Carmena con Ignacio Murgui. (Foto: EFE)

La estimación de 3.400 millones de euros está incluida en la memoria económica del proyecto, que “está siendo obstaculizado por motivos ideológicos”, tal como han denunciado varias plataformas de vecinos a OKDIARIO. Una decena de asociaciones que representan los residentes de los distritos de Chamartín y Fuencarral–El Pardo han publicado un manifiesto en el que piden a Carmena que apruebe definitivamente el plan y no lo obstaculice.

Hasta ahora, la Operación Chamartín ha tenido la oposición de un importante grupo de simpatizantes de Podemos, agrupados en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), liderados por el concejal de distrito Guillermo Zapata y por Ignacio Murgui, que fue máximo responsable de la FRAVM y ahora es el concejal encargado de repartir el dinero público de los madrileños entre las distintas asociaciones. Ambos cargos municipales, además de oponerse al rebautizado proyecto Castellana Norte, son reconocidos defensores de la “okupación” ilegal de inmuebles.

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