Ingenieros de FCC sobre la petición del fiscal del ‘caso Acuamed’: «Evidencia que no cuenta con pruebas suficientes»

Los ingenieros de FCC procesados en el ‘caso Acuamed’ -donde se investigan supuestos sobornos a la cúpula de esta empresa pública a cambio de pagar sobreprecios en las obras- han enviado un demoledor escrito al juez Manuel García Castillón donde critican que el fiscal pida auditar las obras bajo sospecha tres años después de iniciado el caso.

En el escrito -presentado el 9 de marzo, según ha confirmado este diario en fuentes jurídicas- los directivos de esta constructora -procesados por la obra de descontaminación del embalse de Flix- se oponen a la petición del fiscal y aseguran que «evidencia que no cuenta con elementos probatorios que acrediten la realidad de los hechos». 

En el recurso -al que se unió días después Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed y principal acusado- los procesados argumentan que «del alcance de esta solicitud se evidencia que el Ministerio Fiscal no tiene en la actualidad ningún elemento de cargo o constancia de irregularidades penalmente relevantes».

El argumento de los ingenieros de FCC y del ex director de Acuamed es sencillo: si la acusación clave es el pago de sobreprecios por las obras, ¿cómo se sostiene esa acusación si el fiscal no conoce el precio real de las obras tres años después de iniciado el caso y ha tenido que pedir que dos peritos hagan una auditoría?

Perjuicio de 194 millones

En el recurso a la petición del fiscal -registrada en diciembre-, los procesados cuestionan también la cifra de 194 millones de euros fijada por la Fiscalía como el supuesto perjuicio económico para las arcas del Estado.

A esa cifra se ha llegado, según el escrito, sin «tener a su disposición ningún informe de un experto que verificase la realidad de los hechos denunciados y la valoración» de los mismos.

El magistrado decidió el pasado 12 de abril desestimar el recurso y admitir la petición del fiscal porque «el informe pericial se hace absolutamente imprescindible para determinar y esclarecer la realidad» los hechos.

Por su parte, el fiscal defendió la necesidad de que el perito estudie la «adecuación o no de las obras al proyecto aprobado y si existen aspectos de la actuación que no se ajustan al proyecto vigente»