El expresidente de la CAM se declara culpable por el cobro irregular de 600.000 euros en dietas

El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) -que ya no existe como entidad propia-, Modesto Crespo, se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas.

Tras la declaración, se ha podido llegar al acuerdo entre su defensa, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM. Asimismo, el tribunal le permite no asistir a las sesiones del juicio, excepto a su declaración, por el estado de salud de su mujer.

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes y han negado los hechos.

Reducción de la pena de Crespo

El acuerdo implica la reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos. Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas, señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra el expresidente, Modesto Crespo, y el exdirector, Roberto López Abad, de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, junto a 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. La sala, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

La plataforma, cuestionada

Además, por parte del defensa se ha planteado la vulneración de derechos fundamentales al ejercicio legítimo de la defensa, ya que no se tiene toda la documentación, anulando la posibilidad de plantear otras cuestiones previas. De la misma manera, en este inicio de juicio, también se ha planteado por parte de la defensa que no consta acreditada ni legitimada la representación de la Plataforma CAM, ya que sus miembros no han sido perjudicados en este caso, por lo que no cabe el ejercicio de la acusación popular. Por último, la defensa de Antonio Gil Terrón, plantea que el Banco Sabadell no se siente perjudicado ni reclama cantidad alguna.

Frente a ello, el fiscal, Felipe Briones, ha defendido su calificación previa por los delitos de apropiación indebida y el delito societario y ha rechazado valorar la «falta de respeto» de la que se ha sentido apuntado por una de las defensas por acusarle de ser «recaudador» del Sabadell.

El tribunal ha dado por concluidas las sesiones por cuestiones previas y ha emplazado a los acusados y sus defensas al primer día de juicio, fijado para el 4 de junio.

Estatutos de la CAM

En este proceso se juzga si el director general de la entidad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que establecían el carácter honorífico y gratuito de la presidencia, lo que impedía a Modesto Crespo cobrar dietas extraordinarias.

Para saltarse la prohibición, López Abad propuso el 29 de noviembre de 2009, a la Comisión de Retribuciones de la CAM, que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales.

La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009. Un nombramiento «meramente formal», en una Junta que nunca se reunió físicamente y con una supuesta dedicación «inexistente».

El ministerio público acusa a Roberto López Abad de inductor y cooperador necesario y le pide la misma pena que al presidente, cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación particular y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.

Miembros del Consejo de Administración

En cuanto a los miembros de la Comisión de Retribuciones de la Entidad, al promotor y exvicepresidente de la CAM, Antonio Gil-Terrón, al expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y al exministro socialista, Martín Sevilla, que se les acusa de autores, Felipe Briones ha propuesto la rebaja de tres años a nueve meses de prisión y una multa diaria de 300 euros durante nueve meses. En este caso, la acusación particular eleva la pena del exvicepresidente a cuatro años de prisión.

En cuanto al resto de los 16 miembros del Consejo de Administración, también autores, Fiscalía también propone la rebaja de dos años a seis meses de prisión y una multa diaria de 10 euros durante tres meses (900). La acusación particular retirará la petición de penas en el caso de que haya una cooperación efectiva.

El juicio continuará el 4 junio. El 5, 6, 11 y 12, se celebrarán los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.