VEHÍCULOS

España instaló 2.400 puntos de recarga de eléctricos en el tercer trimestre pero continúa lejos de Europa

La implementación de puntos de recarga en España durante el último trimestre fue tres veces menor que la de Países Bajos y Francia

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Punto de recarga Repsol
Benjamín Santamaría
  • Benjamín Santamaría
  • Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana

España instaló 2.420 nuevos puntos de recarga durante el tercer trimestre de este año, marcando un aumento del 10,6% en comparación con el segundo trimestre. Mientras tanto, Alemania superó estas cifras con la instalación de 31.846 puntos de recarga, más de 13 veces la cantidad de España.

La implementación de puntos de recarga en España durante el último trimestre fue tres veces menor que la de Países Bajos y Francia. Además, fue la mitad que la de Bélgica (5.250 puntos) y quedó por debajo de Dinamarca e Italia, según datos de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) a los que ha tenido acceso Europa Press.

Sánchez investidura
España sólo instala un 2% de los puntos de recarga para eléctricos prometidos por Sánchez a Bruselas (Foto: EP)

Puntos de recarga en Europa

En concreto, los países europeos construyeron las siguientes estaciones:

  • Países Bajos: 8.340 puntos
  • Francia: 8.145 instalaciones
  • Bélgica: 5.250 puntos
  • Dinamarca: 3.543
  • Italia: 3.033

En el cómputo total hasta septiembre, España ocupa el séptimo lugar entre los veintisiete países, con 25,180 puntos de recarga en funcionamiento. Está por delante de Austria, que tiene 20,200 instalaciones, y por detrás de Suecia, que cuenta con 32,897 puntos en funcionamiento.

En el trimestre pasado, España incorporó 1,495 puntos de recarga con una potencia de 50 kW a 150 kW, constituyendo el 62% de las nuevas instalaciones en ese período. También se implementaron 63 nuevos puntos con una potencia superior a 150 kW, vital para el uso de vehículos eléctricos en viajes de larga distancia por carretera. Por último, se sumaron 52 unidades de puntos con más de 250 kW durante el tercer trimestre.

Anfac ha señalado que las complicaciones administrativas para la implementación de estos proyectos son una de las barreras más significativas en la actualidad.

En España, hasta septiembre, se cuentan con 19,517 puntos de recarga con una potencia inferior a 50 kW y 5,663 unidades con una capacidad superior a 50 kW. El 26% de la infraestructura de recarga tiene una potencia superior a 22 kW, mientras que el 74% de los puntos son de baja potencia, lo que implica tiempos de recarga mínimos de 3 horas.

En términos de infraestructura de carga pública, España cuenta con 531 puntos de recarga por millón de habitantes, ubicándose en el decimonoveno lugar en este ranking. Se encuentra por detrás de Irlanda, que cuenta con 539 unidades por millón de habitantes. La media de los 27 países evaluados es de 1,368 puntos de recarga por millón de habitantes, casi tres veces más que la cifra española.

El desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en España avanza lentamente, con solo un 2% de los cargadores prometidos a la Unión Europea instalados para 2030, según el Barómetro de la Electromovilidad de Anfac. Con 25,180 puntos de recarga en funcionamiento y 8,869 fuera de servicio, España se encuentra en la sexta posición en el ranking europeo con 6 puntos sobre 100, considerablemente por debajo de países como Portugal o Francia. Los postes fuera de servicio representan el 26% de la infraestructura total, alcanzando un potencial de 34,049 puntos si estuvieran operativos.

España enfrenta un desafío significativo en el desarrollo de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, instalando solo el 2% de los 300,000 cargadores proyectados por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2030. Este incumplimiento de las metas establecidas ante Bruselas podría tener consecuencias, ya que el nuevo Reglamento para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos impone a los Estados la obligación vinculante de desplegar una infraestructura mínima en cantidad, calidad y capilaridad, con un primer hito de control en 2025.

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