La SEPI amenaza con hundir Vivanta tras rescatarla con 40 millones: el juez debe decidir ya si evita la quiebra

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 14/10/2026 05:45
  • Actualizado: 14/10/2026 05:45

El rescate de Vivanta con 40 millones de euros públicos amenaza con terminar en un nuevo conflicto para la SEPI. Cuatro años después de que el Gobierno de Pedro Sánchez declarara «estratégica» a la cadena de clínicas dentales y financiara su supervivencia, la compañía se encuentra en concurso de acreedores y al borde de quedarse sin dinero. Ahora, la Abogacía del Estado se opone a la operación que podría mantener abierto parte del negocio, conservar cientos de puestos de trabajo y garantizar la continuidad de los tratamientos de más de 30.000 pacientes.

Según fuentes conocedoras de la situación, el juzgado encargado del asunto en Madrid debe resolver sobre la oferta presentada por el grupo propietario de Vitaldent en un momento crítico para Aestes, la sociedad dueña de Vivanta. La compañía carece de recursos suficientes para sostener indefinidamente su actividad y necesita una resolución urgente.

La situación tiene incluso una fecha límite económica. Las previsiones de tesorería conocidas este martes sitúan el agotamiento de la caja el próximo 22 de octubre. Para los últimos nueve días del mes, la empresa calcula un déficit de casi tres millones de euros.

La propuesta de adquisición procede del entorno de Donte Group, propietario de Vitaldent, controlado por el fondo canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan. La operación contempla la adquisición de 61 clínicas de una red de aproximadamente 130, la subrogación de unos 650 trabajadores y el compromiso de dar continuidad a los tratamientos pendientes de más de 30.000 pacientes.

Sin embargo, la SEPI, que concedió el rescate público de 40 millones en 2022, ha presentado alegaciones contra la operación porque el comprador no asumiría la devolución de esos préstamos. La Abogacía del Estado considera que la venta podría suponer una ventaja competitiva incompatible con las normas europeas sobre ayudas públicas y plantea que se consulte a Bruselas antes de autorizarla.

El rescate de 40 millones

El conflicto sitúa al Gobierno ante una difícil contradicción. En junio de 2022, el Consejo de Ministros autorizó el rescate de Vivanta con 40 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mismo instrumento utilizado para salvar a Plus Ultra.

La ayuda se dividió en un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones. El Gobierno consideró entonces que la compañía reunía las condiciones para recibir apoyo público extraordinario.

Pero el rescate estuvo rodeado de polémica desde el principio. El Consejo General de Dentistas solicitó los informes que justificaban la consideración de Vivanta como empresa estratégica y cuestionó que pudiera recibir el dinero pese a las pérdidas acumuladas antes de la pandemia.

La SEPI rechazó facilitar la documentación y posteriormente recurrió ante la Audiencia Nacional una resolución del Consejo de Transparencia que exigía entregar los informes.

Cuatro años después, la situación financiera de Vivanta ha desembocado en un concurso de acreedores. Y la oferta presentada para mantener parte de su actividad no contempla asumir los 40 millones que reclama el Estado.

La SEPI considera que aceptar esa fórmula podría perjudicar los intereses públicos y vulnerar la normativa europea. El administrador concursal, por el contrario, defiende que la transmisión de la unidad productiva debe realizarse conforme a las reglas concursales, que permiten delimitar las deudas que asume el adquirente.

El resultado económico de una liquidación completa también plantea interrogantes: si desaparece la actividad y los activos no permiten atender los créditos pendientes, el Estado podría recuperar todavía menos dinero del rescate.

Trabajadores y pacientes miran al juzgado

La decisión judicial no afecta únicamente al dinero público. La oferta de Vitaldent pretende conservar una parte importante de la actividad de Vivanta y evitar que miles de tratamientos dentales queden interrumpidos.

Las fuentes consultadas sitúan en más de 790 los trabajadores afectados por la crisis del grupo, aunque la oferta conocida contempla la subrogación directa de aproximadamente 650 contratos. La situación del resto de la plantilla también dependerá del resultado del procedimiento concursal.

Una liquidación podría generar costes adicionales para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), encargado de cubrir determinados salarios e indemnizaciones laborales cuando concurren los requisitos legales. A ello se añadirían las prestaciones por desempleo que correspondieran a los trabajadores afectados.

En el ámbito sanitario, la desaparición de las clínicas dejaría a miles de pacientes con tratamientos pendientes, algunos ya abonados o financiados. Su continuidad exigiría soluciones asistenciales y contractuales, aunque no supone automáticamente que la Seguridad Social deba asumir todos los tratamientos privados.

El recurso a Bruselas que plantea la Abogacía del Estado introduce otro factor de incertidumbre. Una consulta a la Comisión Europea podría retrasar la operación en un momento en que la compañía asegura no disponer de tesorería suficiente para seguir funcionando más allá de octubre.

La decisión queda ahora en manos del juzgado, que deberá valorar la legalidad de la transmisión, los derechos de los acreedores y las posibilidades reales de continuidad del negocio.