Los empresarios temen la investidura de Sánchez porque abocará a una subida inmediata de impuestos

Los empresarios temen, tras el fracaso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en alcanzar la presidencia del Gobierno, la más que segura investidura de Pedro Sánchez. La principal razón es que ésta abocará a una subida inmediata de impuestos para paliar «el enorme déficit público estructural del país»-que roza el 4%- y dará lugar a una legislatura inestable que provocará un retraimiento adicional del consumo y de la inversión en un momento en el que la coyuntura ya da muestras evidentes de haber enfilado una clara senda de desaceleración.

Según numerosos empresarios consultados por OKDIARIO que prefieren guardar el anonimato «por miedo a ser señalados públicamente», es seguro que un futuro gobierno de Sánchez en compañía de sus actuales aliados más el apoyo ineludible de Junts per Catalunya, el partido liderado por el prófugo Carles Puigdemont, tendrá que embarcarse en compromisos adicionales de gasto público que harán imposible cumplir con el restablecimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea. Éstas obligan a reducir aceleradamente el déficit público hasta el 3% del PIB y a forzar a la baja el peso de la deuda sobre el conjunto de la producción, que actualmente supera el 110% y que debe encaminarse paulatinamente hasta la cifra que hoy parece imposible para España del 60%.

Los empresarios temen una nueva vuelta de tuerca a las cotizaciones sociales, un aumento adicional del Impuesto de Sociedades y el mantenimiento ‘sine die’ de los tributos de nueva generación sobre la banca y las eléctricas, que ha lastrado la cuenta de resultados de las principales entidades financieras pero que ya ha sugerido la actual vicepresidenta en funciones Nadia Calviño. Eso por no hablar del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que también presenta visos de elevarse. «Todo ello complicará extraordinariamente la vida de las compañías y perjudicará gravemente la creación de empleo, que también da muestras de ir a peor», indican los citados medios.

Hay que tener en cuenta que Sumar, que sustituirá a Podemos en un próximo Gobierno de coalición, ya ha pedido elevar de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional hasta situarlo en el 60% de la media -minando la capacidad de supervivencia de muchas empresas, principalmente del sector agrícola y de la construcción-. Una subida del salario mínimo tiene igualmente un efecto general sobre el conjunto de las remuneraciones de la mano de obra.

El Banco de España, y con información hasta el mes de agosto, asegura que los convenios de nueva firma sellados en 2023, que afectan ya a casi 2,5 millones de trabajadores, recogen un incremento del 4,3%. Y concluye que, en cualquier caso, la remuneración por asalariado en la economía de mercado ha registrado aumentos superiores a los incrementos salariales pactados en convenio, avanzando un 6,3% en el primer trimestre y un 4,6% en el segundo.

De acuerdo con la información de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), estos incrementos se deberían tanto a la evolución de los costes no salariales como a la del coste salarial ordinario. Los costes no salariales se vieron incrementados un 7,4% en el primer semestre del año, debido, fundamentalmente, al aumento de las cotizaciones sociales que el Gobierno de Sánchez ha subido ininterrumpidamente desde que está en el poder. En el mismo período, el coste salarial ordinario avanzó un 5,6%, tasa que se sitúa por encima del aumento pactado en convenio. «Una nueva subida de las cuotas sociales sería la puntilla», indican los citados medios empresariales.

Una carrera pedregosa

La carrera del futuro Gobierno para reducir el déficit público será pedregosa. Los independentistas catalanes ya han dejado claro que, a cambio de su apoyo, exigirán un nuevo sistema de financiación privilegiado para Cataluña, similar al del País Vasco, así como la condonación de la deuda con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que supera en estos momentos los 70.000 millones. El PNV también demanda condiciones económicas más favorables para el País Vasco, lo que impulsará adicionalmente el gasto público.

Por otra parte, la también ministra de Economía, Nadia Calviño, prevé eliminar desde comienzos del año próximo las ayudas aprobadas con motivo del Covid y después de la guerra de Ucrania para reducir el precio de la energía, subvencionar el transporte o recortar el IVA de numerosos bienes básicos de alimentación. Esta supresión, solicitada hace tiempo por la Comisión Europea y el Banco de España, tendría la contrapartida de empujar al alza la inflación sembrando más inestabilidad económica. Además de que una desaceleración general del crecimiento de los precios como consecuencia de las reiteradas subidas de los tipos de interés recortará sensiblemente los abultados ingresos obtenidos por el Estado gracias a su reiterada negativa a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta.

Los empresarios temen igualmente que el nuevo Gobierno, en el que seguirá teniendo un puesto destacado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se empeñe en otro de los propósitos tradicionales de la izquierda -que ha vuelto a salir a la palestra durante la anterior campaña electoral y sigue formando parte de su ideario-: la reducción de la jornada laboral. «Esto nos abocaría a un escenario cercano a la catástrofe», aseguran los empresarios consultados por OKDIARIO.