La eléctrica pública de Ribera hace aguas: la hidráulica genera el 15% de la luz y no bajará el precio

La última propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para frenar el precio de la luz, que este viernes marca el quinto récord consecutivo, parece más un brindis al sol que una solución para que los españoles dejen de pagar la electricidad 30 euros/MWh más cara que los países del entorno. Ribera avanzó este jueves la idea del Ejecutivo de no renovar las concesiones de las más de 30 hidroeléctricas que hay en España y crear con ellas una empresa pública, con la intención de bajar el precio de la luz en el mercado mayorista.

Sin embargo, esa medida carece de efectividad: primero porque esta energía apenas ha aportado el 15% de la electricidad consumida en el país hasta el 12 de agosto -según datos de Red Eléctrica de España (REE)-. Esto significa que, según el sistema de precios que existe en España y en Europa, el precio final lo seguiría marcando principalmente el gas, como ocurre actualmente. Que la gestione un organismo público o uno privado poco cambia e incluso sería peor, ha asegurado el economista Daniel Lacalle, que recuerda que los franceses han tenido que salir dos veces al rescate de su compañía pública.

Además, según datos también de REE, la capacidad de generación eléctrica con las centrales hidráulicas es del 16% del total de la capacidad instalada en el país, por lo que tampoco podría aportar más de lo que está aportando actualmente.

Hablar ahora de crear una empresa pública para frenar la escalada de la luz es poco efectivo porque, en segundo lugar, la primera concesión que vence es la del embalse de Alarcón, en 2030. El resto de concesiones -que duran 75 años- no vencen hasta fechas cercanas a 2040.

En España hay 31 concesiones de hidroeléctricas y en conjunto no caducan hasta 2038. La mayoría de ellas está en manos de Iberdrola, un 61%, y el resto pertenece a Endesa y Naturgy principalmente. Habría que esperar por tanto a que finalizaran esas concesiones o invertir cientos de millones de euros en comprarlas, elevando la deuda pública. Estas concesiones pagan además un 25% en impuestos.

El Gobierno tarda horas en matizar

En consecuencia, de nada sirve este anuncio en estos momentos, como el propio Gobierno se ha encargado este viernes de reconocer. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que el Gobierno trabaja en esa empresa pública pero «a medio y largo plazo».

Bolaños también ha recalcado que se trata en todo caso de esperar al fin de las concesiones porque la «seguridad jurídica» es fundamental. En este aspecto ha incidido la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen: «No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética, estamos diciendo que vamos a analizar en el caso de las explotaciones hidráulicas cuál es la mejor respuesta».

El Gobierno por tanto empieza a recular con esta medida y a quitarle importancia sobre el precio actual de la electricidad. El anuncio de Ribera se debe más a un intento de aplacar a su socio en el Ejecutivo que a resolver un problema que está lastrando a ciudadanos y a autónomos, que ya tienen que destinar el 30% de sus recursos a pagar la factura de la luz de sus negocios. Podemos había amenazado con manifestaciones.

El partido ‘morado’ también ha reculado este viernes y ha admitido que la creación de esa empresa pública es a largo plazo. Además, ha insistido en su propuesta de limitar el precio máximo de la hidráulica y la nuclear mediante un real decreto. Según su coportavoz en el Congreso Pablo Fernández, evitaría que se pagaran estas energías al precio del gas, que es el que marca el precio final en el ‘pool’. En la práctica, Podemos está pidiendo intervenir el sistema de fijación de precios, que ha sido defendido por Bruselas.