La ‘ecologista’ Ribera tarda 3 años en responder a Green Capital sobre la autorización de parques eólicos

La ecologista ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acudió en bici a una cumbre europea en Valladolid seguida por varios coches de su séquito, ha tardado casi tres años en analizar y responder a la petición de Green Capital de levantar un parque eólico de 156 MW en la provincia de Soria y, además, la respuesta ha sido denegar el permiso y tumbar el proyecto. La empresa solicitó los permisos en noviembre de 2020 y la negativa del Gobierno le ha llegado el 4 de septiembre de 2023.

Ese mismo día, 4 de septiembre, el departamento de Ribera determinó que denegaba los permisos para otro proyecto de esta misma empresa, un parque eólico de 54 MW en la provincia de León, que había solicitado también en noviembre de 2020. Y ese mismo día denegó otro parque eólico en León a Green Capital de 54 MW solicitado en noviembre de 2020.

Se trata de prácticamente tres años para resolver varios proyectos de parques eólicos, un tiempo que las patronales de las empresas energéticas exigen sea más reducido porque destroza las estrategias de las compañías y dificulta la gestión de las mismas. «Son decisiones que conllevan inversiones importantes y no se puede estar tres o cuatro años esperando para saber si pones o no en marcha un proyecto», aseguran desde una patronal.

Los citados proyectos rechazados a Green Capital después de un análisis de tres años no son los únicos ni algo anecdótico. A esta misma empresa el Ministerio de Transición le denegó los permisos para levantar el parque eólico Agata de 110 MW en julio de este año. Lo había solicitado en noviembre de 2020. También en julio denegó los permisos para otros dos parque eólicos de 108 y 102 MW en Burgos que habían sido solicitados en enero de 2021.

Atasco eólico de Ribera

La misma situación han sufrido la mayoría de las empresas del sector. El Ministerio de Ribera tiene un atasco administrativo para dar luz verde a proyectos renovables por más de 150 GW, eólicos y solares, lo que pone en riesgo cientos de millones de euros y los planes verdes de España comprometidos con Bruselas para 2030. Se trata de proyectos que ya han sido autorizados pero no están enganchados a la red o que están a la espera de ser aprobados o rechazados. Si es inferior a 50 MW le corresponde a las comunidades autónomas y al Gobierno si supera ese tamaño.

De hecho, la patronal de las eléctricas europeas, Windeurope, ha puesto al Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera como ejemplo de atasco administrativo renovable, como publicó este diario.