Díaz señala a Repsol e Iberdrola para hacer fijo el impuesto energético: olvida que crean 70.000 empleos

Yolanda Díaz, ministra de trabajo, hace bandera del fin de la temporalidad del impuesto a las energéticas y critica abiertamente los beneficios de compañías como Ibedrola o Repsol, sin recordar que abonan el impuesto de Sociedades que ya grava esos beneficios, o la generación de empleo que paga otros tantos.

Señala Díaz que Iberdrola ha logrado 5.471 millones de euros en los nueve primeros meses del año, y aprovecha para sacar a colación lo logrado por Repsol hasta junio: 1.626 millones de euros. La ministra de trabajo asegura que «hacer permanente el impuesto a las energéticas es obligatorio para reequilibrar la balanza fiscal».

La figura del impuesto extraordinario a las energéticas, como el creado para la banca, surgió tras una serie de movimientos geopolíticos que incrementaron los precios de manera significativa -guerra de Ucrania para las energéticas, subida de tipos de interés para los bancos- que provocaron un aumento temporal del beneficio. Y se creo con carácter temporal y solidario.

De esa manera, vinculado a un momento concreto del tiempo y dotando al impuesto de un carácter solidario -más beneficios pero circunstancias más difíciles para el ciudadano-, se entendió la imposición de este tributo. Y fue legal.

Ahora, desde la propia Comisión Europea han expresado sus dudas sobre la legalidad de convertir el impuesto en permanente, puesto que los dos pilares que lo hacían legal pasan a desaparecer. Ni es temporal ni se le vincula a un carácter de solidaridad dadas las circunstancias, sino que estará siempre. Y para eso está el impuesto de Sociedades.

Al respecto, tanto Iberdrola como Repsol tributan en España, el primero con más de 41.000 empleados contratados en el mundo y, la segunda, con más de 26.000. Y pagan el impuesto de Sociedades, así como las cotizaciones y todos los tributos que corresponden. Sin embargo, ante la posibilidad de que ese impuesto energético temporal pase a ser permanente, expresan sus dudas.

Repsol e Iberdrola ante el impuesto

Repsol ya ha comunicado su intención de suspender sus inversiones hasta 2030 en España, junto a la petrolera Cepsa, si el impuesto se convierte en permanente. Supondría una caída de 16.000 millones en inversión, muy por encima de la recaudación en los próximos años que lograría el impuesto.

Por lo pronto, las inversiones de los proyectos de hidrógeno en España de Repsol están en el alambre. Esto afecta a tres regiones especialmente, Tarragona -proyecto de 150MW-, Bilbao y Cartagena -100MW cada uno-.

Desde Euskadi, Cataluña y Murcia ya han mostrado su preocupación por el mantenimiento del empleo y las inversiones de las energéticas en la región, que sería «mucho más grave que lo que se logra con el impuesto».

Iberdrola, por su parte, se mantiene algo más escéptica sobre la aprobación del impuesto de manera definitiva. Durante la presentación de los resultados de la compañía, el presidente, Ignacio Galán, dijo ayer mismo que «las cuentas se basan en la realidad y, de momento, solo hay rumores». Son contrarios a la tributación de este impuesto como permanente, pero confían en que no salga adelante como pretende Díaz.

Equilibrio en la balanza fiscal

El problema de España con la balanza fiscal tiene difícil solución con una recaudación de 1.164 millones de euros, porque no serviría ni para cuadrar el déficit este año.

Además de hacer permanente este impuesto, la AIRef considera que el Gobierno necesita también convertir el impuesto a la banca en permanente, y que la recaudación por las subidas de la inflación siga trayendo cifras récord para el IVA.

Con todo, los datos de la AIReF muestran que el Ejecutivo socialista no va a ser capaz de remitir el nivel de déficit público y que tiene poco margen de actuación: «Realmente no tenemos una senda que coloque el déficit por debajo del 3% si no hay medidas».

La agencia defiende que el Gobierno central mantiene un gasto que corresponde al 22% del Producto Interior Bruto -PIB- de España. Sin embargo, el margen de maniobra para aplicar recortes a ese gasto sólo se puede aplicar a un cuarto del total -el 5,5% del PIB-, según la AIRef. Esto se debe a que el país tiene numerosos compromisos internacionales, entre los que se encuentran los que mantiene con la Unión Europea.

España incumplirá de nuevo el objetivo de déficit público en 2024, algo que le podría acarrear una multa por partida doble de manos de Bruselas. Así lo reflejan los datos que maneja la Comisión Europea y que han sido publicados este viernes por el Banco de España en el informe El Semestre Europeo 2024 y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El documento refleja que el Estado español volverá a tener un descuadre en las cuentas superior al 3% y que también incumplirá con el criterio de deuda pública.