Confirmado el nuevo impuesto: millones de españoles afectados a partir de este día

Durante años, el servicio de recogida de basuras ha sido un gasto asumido en gran medida por los ayuntamientos, pero eso está a punto de cambiar. A partir del 1 abril de 2025, todos los municipios españoles con más de 5.000 habitantes estarán obligados a implantar una nueva tasa de basuras. Este impuesto, que ya se aplicaba en algunas localidades, se convierte ahora en una exigencia legal para cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Como resultado, millones de ciudadanos tendrán que afrontar este nuevo coste, que en algunas ciudades ha supuesto un incremento significativo de recibos como el del IBI, o el del agua.

La normativa busca garantizar que la gestión de residuos refleje su coste real y sea sostenible económicamente. En la práctica, esto significa que los ayuntamientos ya no podrán subvencionar la recogida de basuras con otros impuestos municipales y que cada hogar tendrá que asumir el 100% del servicio. Aunque en algunas ciudades este gasto ya estaba incluido en tributos como el IBI, en otras se ha tenido que crear un nuevo impuesto, con cifras que varían considerablemente de una localidad a otra. Este cambio ha sido impulsado no sólo por la legislación española, sino también por las exigencias de la Unión Europea. Bruselas ha fijado objetivos claros en materia de reciclaje y reducción de residuos, con la meta de que los países miembros reciclen al menos el 55% de sus residuos para 2025. Sin embargo, España aún está lejos de ese objetivo, con tasas de reciclaje que apenas alcanzan el 40%. Con la implantación de esta tasa, los ayuntamientos esperan recaudar fondos que permitan mejorar la gestión de los residuos y cumplir con los estándares medioambientales europeos.

¿Cómo afecta este nuevo impuesto a los ciudadanos?

A partir de abril de 2025, todos los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán que aplicar esta tasa de basuras, lo que supone que millones de ciudadanos pagarán por un servicio que hasta ahora, en muchos casos, estaba subvencionado. Sin embargo, el coste no será igual en todas las localidades. Mientras que en ciudades como Soria la tasa de basuras se mantiene en torno a los 27 euros anuales, en otras como San Sebastián se eleva hasta los 202 euros.

Algunas localidades han optado por calcular esta tasa en función del consumo de agua, bajo la premisa de que un mayor consumo indica una mayor generación de residuos. Es el caso de ciudades como Barcelona o San Sebastián, donde los recibos de agua incluirán este nuevo impuesto o de hecho, ya lo incluyen como es el caso de la primera mencionada. En Madrid, en cambio, la tasa de basuras ya estaba integrada dentro del IBI, lo que significa que los madrileños no percibirán un nuevo cargo específico, pero sí podría haber ajustes en los importes.

¿Por qué ahora? El retraso en la aplicación del impuesto

La aprobación de la Ley 7/2022 en 2022 dio a los ayuntamientos un plazo de tres años para adaptar sus sistemas de gestión de residuos e implantar esta tasa. Sin embargo, el contexto político y las elecciones municipales de 2023 provocaron que muchos municipios aplazaran su aplicación para evitar el descontento ciudadano. Ahora que ese plazo ha expirado, la medida entra en vigor de manera definitiva, y los consistorios no tienen margen para seguir retrasándola.

Desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) recuerdan que esta es la primera vez que los ayuntamientos se enfrentan a una tasa obligatoria para cubrir el 100% de un servicio esencial. Esto se debe al principio de quien contamina, paga, que busca que los ciudadanos asuman el coste real de la generación y tratamiento de sus residuos.

Un impuesto con diferencias entre ciudades

Uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos es la desigualdad en el coste de esta tasa según la localidad donde residan. Mientras que en algunas ciudades el importe es relativamente bajo, en otras supone un gasto considerable.

Por ejemplo, en Alcalá de Henares se ha establecido una tasa media de 140 euros anuales, pero para compensarlo el ayuntamiento ha decidido reducir el IBI al mínimo legal. En otros municipios, sin embargo, no se han aplicado medidas compensatorias, lo que ha provocado un aumento significativo en la factura de los hogares.

Según el Observatorio de Fiscalidad de Residuos, en 2024 la media de esta tasa en España ronda los 100 euros anuales por familia, cubriendo aproximadamente el 57% del coste real del servicio. Sin embargo, con la aplicación de la nueva ley, los ayuntamientos están obligados a cubrir el 100% del gasto con esta tasa, lo que ha llevado a muchas localidades a subir los importes para ajustarse a la normativa.

¿Cómo se justifica este nuevo tributo?

La introducción de este impuesto no sólo busca garantizar la sostenibilidad económica del servicio de recogida de basuras, sino también mejorar los índices de reciclaje y minimizar la contaminación. Desde la Comisión Europea se ha alertado de que menos del 25% del plástico recogido se recicla, y que casi la mitad de los residuos terminan en vertederos.

El problema de la contaminación por plástico es especialmente grave en España, donde los residuos plásticos representan el 75,9% de los desechos encontrados en las playas. Con esta nueva normativa, se pretende reducir esa cifra e impulsar la economía circular, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y la Directiva 2008/56/CE de la Unión Europea.