El comité de Cepyme da carpetazo al ‘caso De Miguel’ y sus opositores estudian denunciar penalmente

La junta de Cepyme decidió archivar esta semana las peticiones de investigación sobre Ángela de Miguel, sobre la que planeaba la duda de si había utilizado su influencia en CEOE para favorecer a los abogados de su despacho en una contratación pública. Las cuantías no eran algo alarmante, pero desde distintas organizaciones empresariales adscritas a CEOE plantearon una cuestión ética. La decisión de archivar las investigaciones internas aviva la tensión en la carrera por la presidencia de Cepyme, y quienes pidieron esa investigación interna estudian ahora denunciar penalmente a De Miguel puesto que, consideran, podría haber incurrido en distintos delitos.

El comité ejecutivo de Cepyme decidió cerrar de forma definitiva el expediente interno abierto en torno a Ángela de Miguel, candidata a presidir Cepyme, tras las denuncias de supuesto trato de favor y conflicto de intereses vinculados a su despacho profesional. La resolución se ha tomado sin abrir una investigación formal, según fuentes internas de la organización, lo que ha provocado un nuevo seísmo entre los sectores críticos con su candidatura.

De Miguel, respaldada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha sido objeto de diversas críticas por el nombramiento de cuatro de los cinco socios de su despacho, Negotia Abogados, como mediadores del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) de Castilla y León, una entidad pública dependiente del diálogo social del que ella es parte. Aunque el asunto ha sido calificado por la dirección como “no constitutivo de falta alguna”, la oposición interna no comparte esa visión.

La decisión de Cepyme se produce en un momento de alta tensión en la organización, con las elecciones a la presidencia fijadas para el próximo 20 de mayo. Ángela de Miguel se presenta como alternativa a Gerardo Cuerva, actual presidente, en una contienda que ha dividido a la patronal y ha expuesto las fracturas entre la cúpula de CEOE y Cepyme.

Desde el entorno de De Miguel consideran que la polémica responde a una campaña de “guerra sucia” orquestada por quienes buscan desacreditar su candidatura. “La decisión del comité refuerza nuestra posición: no hay caso, solo ruido político”, aseguran fuentes próximas a la abogada y empresaria vallisoletana cada vez que se les pregunta.

A la espera de una posible querella penal, el foco se desplaza ahora al impacto que esta pugna pueda tener en el resultado electoral de Cepyme y en la estabilidad del diálogo social entre empresarios y sindicatos, en un contexto de desaceleración económica y demandas crecientes por parte del tejido productivo.