La Comisión Europea aprueba el plan de España para usar los fondos estructurales en próximos años

La Comisión Europea ha aprobado este viernes el Acuerdo de Asociación de España del periodo 2021-2027, el documento de carácter estratégico en el que se recogen las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).

De esta forma, España alcanza una asignación financiera de ayuda Unión Europea, sumando el conjunto de los instrumentos, de 36.682 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de un comunicado. De estos 36.682 millones de euros, 35.562 millones corresponden a los fondos de la política de cohesión de la Unión Europea, donde España es el tercer mayor beneficiario en el periodo 2021-2027, solo por detrás de Polonia e Italia.

En concreto, esta asignación se reparte en 23.397 millones de euros del FEDER, 11.296 millones del FSE+ y 869 millones del FTJ. A estas cantidades se suman 1.120 millones de euros asignados a España para el FEMPA. En conjunto, el Acuerdo de Asociación supone una inversión total de 59.722 millones de euros. La suma de los fondos incluidos en el Acuerdo supone un incremento del 15% respecto a los obtenidos en el periodo 2014-2020.

Esta inversión se organiza en torno a cinco grandes áreas políticas, en las que cobra especial relevancia el apoyo a la investigación, la digitalización, el apoyo a las pymes, la eficiencia energética, la transición verde y la inversión de carácter social. Concretamente, España contará con 8.300 millones de euros de ayuda europea para reforzar la investigación, apoyar a las empresas y favorecer la digitalización, mientras que destinará más de 9.900 millones de euros a la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de energías renovables, actuaciones de adaptación al cambio climático, la implantación de un modelo de economía circular y atención a la biodiversidad.

De su lado, una dotación de 1.200 millones se concentra en el desarrollo de corredores ferroviarios, garantizar la accesibilidad ferroviaria a los puertos de interés general y apoyo al uso de vehículos limpios y mejora del servicio de transporte público. Otro de los objetivos es la inversión social, que cobra una especial relevancia en el periodo actual, con la atención al empleo, la educación, formación profesional, inclusión y lucha contra la pobreza y pobreza infantil. Esto se traduce en 12.300 millones de euros de ayuda destinados a la cohesión social.

Por último, la financiación europea para actuaciones de desarrollo urbano y no urbano, a través del diseño de programas de inversión integrada, se sitúa por encima de los 2.100 millones. Como ya explicó en sede parlamentaria la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ante las dudas generadas por la oposición sobre este acuerdo, el Gobierno mantuvo contactos permanentes con la Comisión Europea para coordinar los proyectos que se financiarían con los fondos de cohesión.

«Unas conversaciones que se produjeron dentro de los plazos marcados por Bruselas, tal y como señaló la ministra. Ello demuestra que, en ningún momento, los fondos de cohesión estuvieron en riesgo», han enfatizado desde Hacienda.