Coca-Cola ofrece conciliación a los sindicatos de Fuenlabrada para evitar un nuevo juicio mediático

Coca-Cola European Partners (CCEP) ofrecerá este miércoles una conciliación a los abogados de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada, que han mantenido con la empresa un enfrentamiento de más de cuatro años de duración que ha desgastado a la compañía. El objetivo de esta conciliación es evitar los juicios por 160 demandas que estaba previsto se iniciaran este jueves en los juzgados de lo social 1 y 2 de Móstoles entre la empresa y los trabajadores de la planta fuenlabreña, que reabrió tras una sentencia de la Audiencia Nacional -ratificada luego por el Tribunal Supremo- que obligaba a la empresa a readmitir a sus trabajadores despedidos.

Fuentes de la compañía y de los sindicatos confirman a OKDIARIO que la conciliación es el único escenario posible. La empresa lo desea con fuerza y los trabajadores díscolos de la planta de Fuenlabrada parece que aceptarán dado que se ven satisfechas sus demandas. La empresa les ofrecerá a partir del 22 de octubre volver a las funciones que tenían y que modificó en 2016 haciendo uso del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que así se lo permitía. Una modificación que un juzgado de Móstoles anuló y que CCEP anunció que ya no iba a recurrir en los tribunales.

En la conciliación, CCEP, compañía presidida por Sol Daurella, desiste de ir a juicio este jueves porque considera que «carece de contenido» y que el hecho ya ha sido juzgado con anterioridad y comunica a los trabajadores la reposición de sus funciones previa a la puesta en marcha del citado artículo por el que se modificaron salarios, jornada y horarios una vez reabierta la planta de Fuenlabrada, donde antes se fabricaban bebidas y que volvió a nacer bajo el nombre de COIL, un centro logístico que, según denunciaron los sindicatos, no llegó a tener la actividad prometida.

Diferencias al aplicar la sentencia

Con el permiso de la Audiencia Nacional, la embotelladora de Coca-Cola modificó las condiciones de trabajo en noviembre de 2016, lo cual según los sindicatos incumplía  la sentencia de ejecución. Recurrieron y el juzgado de lo social número 2 de Móstoles declaró la nulidad de la ejecución de la sentencia, dando así la razón a los trabajadores rebeldes, que durante años han mantenido que la empresa incumplía el mandato judicial de readmitirlos «en los mismos puestos de trabajo». Los sindicalistas argumentaban que tras reabrir la fábrica de Fuenlabrada, sólo 2 trabajadores tenían el mismo puesto de trabajo que antes de que cerrara.

Ahora, la compañía cede a las peticiones sindicales para no dar más cancha a un enfrentamiento judicial que no le favorece. Fuentes de la empresa manifiestan su intención de acabar con un conflicto que empezó en 2014 y desjudicializarlo y destacan que algunos empleados ya están firmando las cartas con la conciliación. Desde los sindicatos, sin embargo, anuncian que «la lucha sigue» y que sólo dejarán de luchar cuando la planta de Fuenlabrada «u otra planta en Madrid si la de Fuenlabrada no es posible» vuelva a fabricar Coca-Cola como ocurría hasta el año 2014 cuando la compañía inició una reestructuración cuyos últimos coletazos aún no han terminado.

Los sindicatos se apuntan una victoria

Juan Carlos Asenjo, representante sindical de ‘Coca-Cola en Lucha’, asegura que Coca-Cola ha realizado una «estafa procesal» durante años por no haber aceptado cumplir la sentencia en los términos que exigía la Audiencia Nacional. Y anuncia «de nuevo» la victoria judicial de CC OO, el sindicato que representa, al conseguir, según considera, que Coca-Cola reconozca «de facto» que incumplió la sentencia durante estos años al acceder ahora a reposicionar en sus funciones a los empleados.

Asenjo pone como ejemplo su caso: «Yo estaba en el departamento de alimentación moderna y mi trabajo era enviar el producto lleno de todas las referencias de Coca-Cola a los clientes de la zona centro, como ponía el proyecto logístico. Pero por el artículo 41 o modificación sustancial, declarado nulo por el juzgado de Móstoles, pasé a clasificar clasificación estocaje, esto es a clasificar cajas vacías, por lo que ni interactuaba con clientes ni con otros centros de trabajo ni con producto lleno».

La intención en la compañía desde hace mucho tiempo es pasar página con este conflicto, algo que por el momento no se ha conseguido todavía. En diciembre de 2013 la empresa presentaba su ERE, un ERE que ha sido muy doloroso en términos de imagen y reputación para la compañía, que por el camino cambió de presidente, relevó al despacho de abogados que diseñó el despido colectivo (Sagardoy) e incluso tuvo que ampliar sus asesores de comunicación (de Llorente y Cuenca a Estudio de Comunicación).