La coartada antisemita, un pretexto para debilitar nuestra seguridad

Llevo varias semanas siendo testigo de una serie de declaraciones campanudas procedentes de diferentes miembros del Gobierno español, así como de medidas geoeconómicas sin sentido económico, destinadas a castigar a las empresas del democrático Estado de Israel, que se podrían calificar de antisemitas. Algo que hace un daño a nuestra imagen de socio fiable, al futuro de nuestra industria y a la seguridad de los españoles que será difícil de reparar.

La culminación de este despropósito, diplomático y empresarial, es un Real Decreto ley 10/2025 que se lleva a convalidar, con una falta total de respeto a las víctimas de Israel, justo en la fecha en la que se cumplió el segundo aniversario del ataque de la organización miliciana terrorista Hamas a la población civil de Israel.

El pasado 7 de octubre de 2023 fue la fecha del inicio del conflicto en Gaza. Ese día, durante las festividades judías de Simjat Torá y Shavuot, coincidiendo con el 50 aniversario de la Guerra de Yom Kippur, el grupo miliciano terrorista Hamas junto con la Yihad Islámica Palestina, lanzó un ataque sorpresa desde la Franja de Gaza sobre el sur de Israel. El grupo miliciano terrorista Hamás disparó desde la población de Gaza entre 3.000 y 5.000 cohetes con destino a las poblaciones de las ciudades de Tel Aviv, Ashketon y Sderot, durante 20 minutos, para saturar el sistema de defensa antiaérea de Israel, denominado la Cúpula de Hierro, causando pánico y cinco muertes civiles.

Al mismo tiempo, unos 3.000 milicianos armados de Hamas cruzaron en diversos vehículos la frontera con Israel en 300 puntos, usando explosivos para abrir brechas en la valla de separación. Atacaron 22 comunidades civiles, bases militares y el festival de música Nova donde murieron 364 civiles en una masacre que duró dos días. Fueron asesinados a sangre fría 815 civiles, 36 de ellos niños, además de 373 militares y policías. Los heridos ascendieron a 3.400 personas y se capturaron como rehenes a 251 ciudadanos, de los que 48 quedan todavía hoy en cautiverio.

La respuesta del Gobierno de Israel fue iniciar un asedio total a la franja de Gaza, con una combinación de bombardeos aéreos y una invasión terrestre que ha sumergido a la población palestina en una crisis humanitaria. Esta tremenda crisis es la que ha servido de motor para motivar el embargo unilateral español del comercio con Israel, que posee una industria militar avanzada en la fabricación de drones, misiles y sistemas de ciberseguridad.

Desde un punto de vista geoeconómico, se trata de un ejemplo de mala estrategia industrial, la desconexión con un socio tecnológico solvente como Israel que además lanza un mensaje de vulnerabilidad y nos expone frente a países terceros con los que compartimos nuestras fronteras del sur.

El citado Real Decreto-Ley, consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel que se aplicaba de facto desde el mes de octubre del año 2023. Esta norma prohíbe la compraventa de materiales de defensa, municiones, equipamiento militar y tecnologías de doble uso con Israel y permite excepciones puntuales por «interés nacional», aunque el Gobierno se compromete a minimizarlas y rendir cuentas trimestrales ante el Congreso de los Diputados.

La medida responde al conflicto en Gaza y busca alinear España con el derecho internacional, aunque ha sido criticada por quienes afirman que no se trata de un embargo integral, dado que no afecta ni a contratos ya adjudicados ni a la cooperación tecnológica preexistente. Sin embargo, según el Ministerio de Defensa, todas las licencias de importación activas han sido canceladas, y el proceso de reconversión está en marcha sin retrasos significativos en los programas militares.

El decreto revoca explícitamente los contratos vigentes y las licencias pendientes con empresas israelíes en el sector defensa, impulsando un «Plan de desconexión tecnológica» para sustituir los productos por complejas o inexistentes alternativas españolas o europeas. Un embargo sostenido por un terrible sectarismo ideológico, que como veremos a continuación, compromete nuestra seguridad nacional. Otros países vecinos han tomado decisiones menos drásticas, como Italia para los componentes de sistemas de drones y misiles, Eslovenia, para los sistemas de comunicación y drones y los Países Bajos para los sistemas de defensa aérea.

Los contratos de defensa afectados directamente, tienen un valor superior a los 1.200 millones de euros, en las cancelaciones confirmadas hechas públicas. Estos contratos involucraban importaciones directas, licencias de producción o suministros de componentes procedentes de empresas de Israel. Analicemos cuales son los tres más relevantes para entender la importancia para la seguridad nacional, el presupuesto de defensa y el empleo de los contratos ya suspendidos independientemente de las decisiones del Congreso.

En primer lugar, la cancelación de la adquisición de doce sistemas de lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) y 600 cohetes con alcance de hasta 300 km, adjudicada en 2023 a la empresa israelí Elbit Systems por 697 millones de euros, para modernizar la artillería terrestre. Se había previsto su fabricación en León y Córdoba con la creación de 500 empleos, bajo licencia, por un consorcio español compuesto por Escribano, Rheinmetall y Tecnobit.

El SILAM estaba destinado a modernizar la artillería del Ejército de Tierra español, reemplazando el sistema Teruel muy obsoleto desde hace una década. Su cancelación deja un vacío en la capacidad de artillería de campaña, afectando a misiones de disuasión, apoyo aéreo cercano y a la interoperabilidad con misiones de la OTAN. La búsqueda de una alternativa, parece que procedente de Corea del Sur, K239 Chunmoo, supone un retraso de tres años y un sobrecoste de un 30 %.

Un segundo contrato anulado de adquisición de 168 sistemas de lanzamiento transportable por dos soldados y 1.680 misiles antitanque de quinta generación, Spike LR2, adjudicados en 2023, cuatro días antes de los ataques de Hamas, a Rafael Advanced Defense Systems para el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina por 287,5 millones de euros. La producción iba a ser local en España por empresas como Escribano, Expal, Tecnobit y FMG bajo licencia tecnológica israelí.

Su cancelación deja a nuestro ejército sin una actualización clave para detener los tanques modernos, afectando a nuestras brigadas de infantería y operaciones OTAN, retrasando tres años su modernización elevando sus costes un 25 % en el caso de adquirir sistemas como el estadounidense Javelin FGM 148 F. Se paraliza la creación de 300 puestos de trabajo en las fábricas de Madrid.

Un tercer contrato de un sistema avanzado de pod de puntería electro óptico infrarrojo avanzado, Litening 5, utilizado por los 45 nuevos Eurofighter Typhoon fabricado por Rafael Advanced Defense Systems en colaboración con las empresas españolas Indra y Tecnobit-Grupo Oesia, adjudicado en 2024 por importe de 338 millones de euros.

Supone una pérdida de capacidades operativas de nuestras aeronaves, afectando a misiones de superioridad aérea, apoyo aéreo cercano y OTAN, donde el 70 % de las municiones guiadas requieren designación láser. Nuestro Ejército del Aire ya utiliza este sistema en un centenar de aeronaves y requiere mantenimiento y repuestos israelíes.

Los sistemas alternativos, procedentes de los EEUU o de Francia, demorarán al menos 24 meses su implantación con un sobrecoste del 25% por certificaciones y entrenamiento. Los empleos locales afectados son unos 200 en Madrid y Sevilla.

Adicionalmente a estos grandes contratos, desde abril de 2025, España ha anulado al menos una decena de contratos por un importe de 1.200 millones de euros, incluyendo algunos contratos muy mediáticos como la munición de 15 millones de balas para la Guardia Civil por 6 millones de euros o los sistemas de de frecuencias para interferir, bloquear o degradar señales de comunicación, radar o sistemas electrónicos que operan en el espectro electromagnético con un presupuesto de 1,6 millones de euros, un elemento clave de la guerra electrónica.

El decreto acelera esta desconexión, pero no revoca los acuerdos previos al año 2023 ni a las reparaciones o adquisición de repuestos de los elementos existentes. A la vista de los datos, quedan muy claros los efectos negativos sobre nuestra industria de defensa como Escribano, EM&E, y especialmente en aquellas empresas con participación pública, como lo son Indra, Airbus o Telefónica.

El impacto sobre las relaciones con Israel

Se trata de unas decisiones políticas muy precipitadas, diseñadas claramente para agitar la política interna, que dañan las relaciones geoeconómicas consolidadas entre dos países con una gran interdependencia estratégica en materia de seguridad, impulsada por el Acuerdo de Asociación Euro-israelí firmado en el año 2000, que integra a Israel en el Mercado Único Europeo.

Termino con un breve análisis del importante comercio entre nuestros dos países que hasta la fecha había mostrado una tendencia ascendente, con España manteniendo un superávit comercial crónico. En 2024, las exportaciones españolas a Israel alcanzaron los 1.650 millones de euros, mientras que las importaciones desde Israel sumaron 865 millones de euros.

Estas cifras representan un aumento del 2,54% en las exportaciones españolas en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año 2024, alcanzando los 866 millones de euros, a pesar del conflicto.

El volumen total bilateral superó los 3.200 millones de euros en 2022, el récord histórico, impulsado por un 19% de crecimiento en exportaciones españolas. En 2025, pese a medidas españolas como el embargo de armas anunciado en septiembre, el intercambio general persiste, con España exportando el doble de lo que importamos.

Las principales exportaciones españolas a Israel son los automóviles y los vehículos, los productos cerámicos del levante, el aceite de oliva, el vino y la maquinaria, representando el 4% del total exportado por España en estos sectores.

Las importaciones españolas desde Israel son la tecnología electrónica, microchips y software, los productos farmacéuticos y plásticos. Israel es un proveedor clave para nuestra industria española de alta tecnología, con un enfoque en innovación que fortalece las cadenas de suministro europeas.

Las inversiones mutuas subrayan una relación geoeconómica estratégica. La UE es el mayor inversor en Israel, supone aproximadamente el 30 % del total, con un stock de Inversión Extranjera Directa, IED, con unos flujos netos de inversiones nuevas menos desinversiones, que superaron los 5.000 millones de euros en el año 2023. Israel, por su parte, invierte en España en sectores de alta tecnología y de ciberseguridad.

La IED española en Israel está enfocada en las energías renovables y el agro-tech. España ha promovido joint ventures en riego eficiente y desalinización, clave para la seguridad hídrica mediterránea. Más de 200 empresas israelíes operan en España, generando 10.000 empleos en telecomunicaciones y defensa. Geoeconómicamente, estas inversiones posicionan a España como un puente entre la Unión Europea y el «Silicon Wadi» israelí, diversificando los riesgos en las cadenas globales de semiconductores y en la industria de la ciberdefensa.

En resumen, hasta la fecha las relaciones geoeconómicas con Israel habían sido robustas y mutuamente beneficiosas, con España como exportador neto e integrante de un puente tecnológico. Sin embargo, este embargo de 2025 marca un giro hacia una ideologizada condicionalidad ética, que reconfigurará los flujos en un Mediterráneo volátil en un momento donde parece posible un acuerdo de paz, que probablemente hará perder el foco mediático sobre Gaza dejando pronto de ser un asunto de atención prioritaria.

Pax res priores mutabit

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.