Los empresarios desmienten a Sánchez e Iglesias: niegan haber negociado la puesta en marcha de una renta mínima vital

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han difundido un comunicado negando que haya existido una negociación con el Gobierno para poner en marcha de forma urgente una renta mínima vital provisional, tal y como han informado este mismo jueves fuentes del Ejecutivo.

«Ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe próximamente un nuevo ingreso mínimo vital, desde CEOE y CEPYME queremos aclarar que, al tiempo que compartimos que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del COVID-19, en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales», señala el escrito.

Además, el comunicado también recalca que «en estos momentos, ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado. En estas condiciones se hace imposible participar mañana viernes, 10 de abril, en la reunión a la que hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo».

«Piden que sea permanente»

«Todas las entidades asistentes a ambas reuniones, tanto sindicatos como organizaciones del Tercer Sector, han mostrado su total apoyo a esta medida extraordinaria, al tiempo que comparten la necesidad de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente a la mayor brevedad», ha asegurado la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Además, añadía que el vicepresidente ha intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto.

Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que se trata de una ayuda de 500 euros. Los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro. Además, el Gobierno ha reclamado que el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera.