Cabify, más castigado que Uber por el cierre de Barcelona: pierde un 10% de su negocio
Las dos empresas que anunciaron este jueves su marcha definitiva de Barcelona tras un mes de enero aciago en el que el empuje regulatorio de la Generalitat de Cataluña se los ha llevado por delante quedan en situaciones muy diferentes. El riesgo es mucho mayor para la española
«Uber ni siquiera está presente físicamente en Barcelona. Para ellos dejar la ciudad significa apagar una aplicación y ya, puesto que tienen su sede fiscal en Países Bajos y no han comprado licencias VTC. Mucho más difícil es la situación en que queda Cabify, que había apostado fuertemente por la ciudad en los últimos dos años y que además de estar presente en menos ciudades del mundo que Uber, y con más riesgo concentrado en España, tiene la incertidumbre de las autorizaciones VTC, que ha comprado muchas y tiene muchas en su cartera y a ver qué hace con ellas ahora».
Quien habla así es un agente de primer orden del sector de las VTC que viene a constatar una realidad: para Uber el negocio de Barcelona es insignificante para la cuenta de resultados, pero no así para la empresa española, que tenía en la Ciudad Condal uno de sus principales mercados. Desde Cabify no facilitan el dato de cuánto supone para ellos el negocio de la Ciudad Condal. Sin embargo algunas fuentes cifran en más del 10% lo que supone para Cabify el negocio barcelonés, pues en la capital catalana operaban con varios miles de licencias VTC.
Desde la empresa madrileña se ha rechazado hacer ningún comentario sobre esta cifra. Sin embargo, su fundador Juan de Antonio manifestó hace unos días a preguntas de OKDIARIO que el negocio en España suponía «el 25% aproximadamente del total». Barcelona era su segundo mercado con cifras menores que Madrid pero de relevancia y a años luz del resto de ciudades españolas donde también está presente, como Málaga, Sevilla o Valencia.
El riesgo de las licencias
Las pérdidas que tendrá que afrontar Cabify en Barcelona no se producen tan sólo porque dejarán de facturar en su segundo mercado en España, sino porque además de todo ello la empresa ha apostado por tener más de 600 licencias VTC en Cataluña a través de Vector Ronda Teleport. Esta empresa se llamaba hasta hace poco Maxi Mobility Transporte de Viajeros, y con su nombre demostraba que había sido creada y controlada en su capital por Cabify, marca comercial de Maxi Mobility Inc, la sociedad con sede en el estado norteamericano de Delaware que actúa como matriz de todo el grupo de empresas creadas bajo el impulso de Seaya Ventures, fondo de ‘venture capital’ de Beatriz González, hija del presidente de BBVA, Francisco González.
Con un precio de entre 30.000 y 50.000 euros, las licencias de Cabify en Vector Ronda Teleport tendrían un precio aproximado de entre 6 y 10 millones de euros
De estas 600 licencias a Cabify le responden aproximadamente 200, pues las otras 400 pertenecerían a su socio Rosauro Varo que tiene aproximadamente dos terceras partes de Vector. Con un precio de entre 30.000 y 50.000 euros, estas 200 licencias podrían estar valoradas en entre 6 y 10 millones de euros.
Sin embargo la indemnización total para Vector calculada por E&Y en un informe encargado por Unauto establecía más de 1.000 millones de euros para toda Cataluña, por lo que a Vector, con un 25% del riesgo total, le corresponderían 250 millones en indemnizaciones. Los tribunales tendrán que decidir si Cabify y el resto de inversores tienen derecho a estas responsabilidades civiles subsidiarias (que deberían correr a cuenta de la Generalitat de Cataluña) o no.
Así, de las dos empresas castigadas tras un mes de enero aciago en el que el empuje regulatorio de la Generalitat de Cataluña se las ha llevado por delante, quedan dos situaciones muy diferentes. Una empresa norteamericana para la que Barcelona no entra ni en su top 50 de ciudades más importantes, y una empresa española que ha quedado muy dañada ya que había apostado por la capital catalana como uno de sus principales mercados.
Así las cosas, no es de extrañar que el bufete Clifford Chance, que trabaja con la patronal Unauto, ya tenga lista una querella contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y su equipo en la AMB, como máximos responsables de este desaguisado regulatorio.