Las VTC tienen preparada una querella contra Ada Colau y la AMB por prevaricación

Los asesores legales de las empresas de VTV tienen preparada una querella contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau por delitos de prevaricación así como contra responsables de la autoridad del transporte del área metropolitana de Barcelona (AMB), el órgano que tiene jurisdicción sobre el transporte en el área metropolitana.

Según han indicado a este periódico fuentes de los partners que trabajan con licencias VTC, el bufete de abogados Clifford Chance tiene redactada y lista una querella contra la alcaldesa de la Ciudad Condal con motivo del reglamento que publicó el pasado 26 de junio para exigir una licencia municipal para los VTC y que está en el origen de las revueltas de taxistas del verano, del real decreto del Ministerio de Fomento del pasado octubre y de esta última regulación de la Generalitat de Cataluña cuyas intenciones avanzó este diario el 7 de enero.

OKDIARIO ha confirmado con tres fuentes próximas a los partners del sector de la VTC que estas acciones penales podrían presentarse en los próximos días y tienen como objetivo a la alcaldesa de la capital catalana. Se va a ir contra el reglamento de la AMB (organismo controlado por Ada Colau) que exigía a Uber y Cabify una licencia municipal extra además de la licencia provincial de la que ya disponían. Este reglamento publicado en verano estuvo precedido de una consulta de Colau al Ministerio de Fomento donde el Ayuntamiento de Barcelona preguntaba a José Luis Ábalos si tenía competencias o no para exigir una segunda licencia a las VTC sin la cuál no podrían operar en su área.

El Ministerio respondió a la alcaldesa de Barcelona con un informe diciendo que la entidad local no tenía competencias para exigir una licencia urbana, pese a lo cual, con el impulso y la presión del líder taxista Tito Álvarez, el pasado junio el reglamento vio la luz.

Ada Colau contaba con un informe de Fomento que negaba que tuviera competencias para exigir una segunda licencia a Uber y Cabify. A pesar de ello, en junio se publicó el reglamento de la AMB en este sentido

Según fuentes próximas al sector de VTC, también había un informe técnico de un catedrático de la Universidad de Valencia que se pronunciaba con la misma idea: Ada Colau no podía legislar en este ámbito por no tener competencias. De hecho, tan clara era esta falta de competencias que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) apenas lo dudó y un día después de presentarse la norma municipal, suspendió de forma cautelar sus efectos después de recibir una denuncia al respecto de la CNMC, que argumentaba que la medida tenía efectos negativos sobre la competencia en el sector del transporte terrestre.

Unauto: «Todas las vías están abiertas»

El despacho Clifford Chance, uno de los que trabaja con Unauto, ha sido contactado por OKDIARIO a medio día de este miércoles para tratar de confirmar con ellos las condiciones de esta querella contra Colau. Sin embargo, han optado por no responder.

Por su parte el presidente de la patronal VTC, Eduardo Martín, ha confirmado a este periódico que «están abiertas todas las vías legales disponibles», incluyendo esta vía penal contra Colau, además de otras en el ámbito de la legislación civil. Sin embargo, aseguran, sus asesores legales propios y externos -Unauto trabaja con un sinnúmero de bufetes de abogados- están a la espera aún de tener el texto del decreto ley definitivo que se publica este jueves en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). «Ni siquiera conocemos el texto final publicado en el Boletín Oficial todavía, por lo que aún no es el momento de hablar de acciones legales hasta que lo tengamos», ha indicado Martín a este periódico el miércoles por la tarde. El decreto finalmente se ha publicado con su texto definitivo esta madrugada.

Colau: «Defendemos el interés público»

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el entorno de Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona no tiene por el momento constancia de ninguna acción penal contra ella por este tema, pues de hecho la querella aún no está presentada.

Sin embargo, han apuntado que «la AMB ejerce sus competencias en cumplimiento del marco legal y en defensa del interés público en materia de movilidad y transporte urbano».