Real Decreto-Ley

El plan que diseña la mano derecha de Ábalos contempla sustituir autobuses por VTC en la España rural

Las comunidades autónomas menos pobladas verían con buenos ojos tener más VTC

Se cree que los "servicios especiales", principalmente el transporte escolar, pueden ser idóneos para hacerlos con estos coches a demanda

PSOE ELECCIONES
Diana Morant y José Luis Ábalos en una imagen de archivo.

La negociación del real decreto ley sobre licencias VTC que está diseñando el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos y verá la luz este próximo viernes tiene más recorrido que simplemente traspasar la competencia de licencias VTC a las comunidades autónomas para que se lo pasen a los ayuntamientos. En el Partido Socialista hay sectores que ven la nueva regulación como una oportunidad para dar otros usos a las VTC. Concretamente se está pensando en utilizarlas para cubrir servicios especiales en la España rural, es decir sustituir a los autobuses para hacer rutas escolares y otros servicios que suponen un gran coste para las comunidades autónomas menos pobladas.

El diseño de este plan no es directamente achacable a Ábalos sino a su jefe de gabinete, el gallego Sergio Vázquez. Vázquez es un socialista de la cuerda política del también gallego José Blanco y que actualmente, según las fuentes consultadas, está actuando como enlace entre el Ministerio de Fomento y el Palacio de la Moncloa, donde el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, tal y como contó este periódico, ha funcionado como ideólogo del real decreto-ley que pretende traspasar a las comunidades autónomas y ayuntamientos las competencias.

La propuesta que, a través de Ábalos, ha trasladado Vázquez a las comunidades autonómas gobernadas por el PSOE (ahora mismo Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Asturias, Baleares y Andalucía) es precisamente usar las VTC para sustituir las líneas de autobús intraautonómicas que dependen de la administración regional, y que suponen un gran coste. Habría que hacer modificaciones legislativas para permitir que las VTC puedan compartir pasajeros, pero en muchas zonas rurales se piensa que harían un mejor servicio y más económico funcionando a demanda que unos autobuses que viajan vacíos en muchas ocasiones.

El ministro Ábalos ya lo ha dejado caer en declaraciones en sus distintas reuniones: «Hay comunidades autónomas que no tienen apenas VTC y a las que no les vendría mal tener». Sin embargo, en el real decreto ley no se mencionará este aspecto, que se plantea para desarrollar posteriormente por cada comunidad autónoma.

Fuentes de la patronal de autobuses Confebús contactadas por OKDIARIO han asegurado no tener conocimiento de este plan.

ALSA, Avanza, Esteban Rivas…

El transporte a demanda que ahora se ofrece como posibilidad para encontrar futuro a las VTC no es algo novedoso. Ya existía hace años en las zonas rurales, aunque se fue sustituyendo por servicios regulares. Pero en muchas zonas despobladas, los autobuses hacen viajes largos para recoger a una o dos personas, lo cual supone un coste sobre todo para las arcas públicas, ya que estas líneas deficitarias están subvencionadas con impuestos.

En los próximos meses muchas autonomías vuelven a licitar contratos: Extremadura lo hará próximamente, al igual que Aragón. Comunidad Valenciana ya ha publicado los proyectos. Cantabria está por licitar. En Murcia vencen las concesiones en diciembre de 2019. Galicia también tiene cambios próximos y debería licitar el año que viene, al igual que Asturias y Castilla-La Mancha.

ALSA, Avanza, Esteban Rivas… hay grandes compañías que entre otras líneas interautonómicas que pueden ser más rentables, también trabajan con estas concesiones deficitarias. El negocio de todas ellas podría verse afectado si este uso nuevo para las VTC acaba formalizándose. Actualmente hay en toda España 1.400 concesiones de líneas de autobús, y muchas de ellas apenas mueven a unas decenas de personas al día. Ni siquiera los expertos consultados son capaces de hacer una estimación de a cuánto dinero pueden ascender las concesiones administrativas para estos servicios especiales, si bien se trataría de una cifra reseñable.

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