Bruselas sigue el ejemplo de Sánchez: evita decidir sobre la crisis de vivienda y lanza una consulta

Bruselas ha lanzado este lunes una consulta pública para recabar opiniones de partes interesadas sobre el acceso a la vivienda en Europa, algo que recuerda al lanzamiento de consulta pública por parte de Pedro Sánchez sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell. Los eurodiputados, que son elegidos para el Parlamento Europeo con el encargo de gestionar políticas comunitarias en cuestiones tan urgentes como el acceso a la vivienda, y pese a percibir un sueldo de más de 10.000 euros mensuales libres de impuestos por ese cargo, han decidido derivar la responsabilidad en la ciudadanía y el sector privado. Una práctica que, aunque pueda parecer transparente, dilata los plazos de la normativa.

La consulta pública lanzada por la Comisión Europea (CE) tiene el fin declarado de recoger las aportaciones de ciudadanos, empresas, autoridades públicas, y organizaciones sociales europeas sobre qué hacer con el problema de acceso a la vivienda, que afecta a Europa en general, y a España en particular. Sin embargo, parece que la realidad es que los eurodiputados no saben cómo gestionar la crisis de vivienda y acuden a la ciudadanía en busca de soluciones.

La convocatoria se inició el pasado lunes 12 de mayo, y estará abierta hasta el 4 de junio. Esta se ampliará con una consulta más detallada entre los meses de junio y octubre. Así, se prevé que a lo largo de 2025, la Comisión celebre un «diálogo» sobre cómo garantizar una vivienda asequible a la ciudadanía.

Paralelamente, millones de familias de toda Europa ven cómo sus ingresos no son suficientes para pagar un alquiler u optar a una hipoteca. De hecho, según Eurostat, los europeos se ven obligados a destinar, de media, un 19,7% de sus ingresos a costes de vivienda, como el alquiler, aunque hay países, como Grecia o Dinamarca, con porcentajes muy por encima de la media (35,2% y 25,9% respectivamente).

En concreto, en España, según los últimos datos publicados por Idealista, el alquiler se encareció un 10% interanual en abril y ya supera los 14 €/m². Así, los españoles ya destinan de media un 36% de sus ingresos al alquiler de una vivienda, que en el caso de ciudades como Barcelona y Madrid, el porcentaje ascendía al 49% y el 41%, respectivamente.

El Gobierno, ante la grave crisis de vivienda, en lugar de establecer medias para frenar la especulación o facilitar el acceso a la vivienda pública, lanzó una Ley de Vivienda que tuvo el efecto contrario al esperado: una menor oferta de vivienda y precios más altos.

Por otro lado, no es la primera vez que Bruselas opta por la consulta pública. Hace tan solo 2 meses, en febrero, el Ejecutivo comunitario abrió una consulta sobre el presupuesto de la Unión Europea (UE) a largo plazo, más conocido como el marco financiero plurianual. Esta consulta formaba parte de un proceso más amplio para adaptar el presupuesto de la UE a desafíos futuros, entre los que se incluían áreas como la vivienda.

Ahora, en relación a la crisis de vivienda, la CE ha anunciado que duplicará los fondos de cohesión para vivienda y creará una plataforma de inversión paneuropea. No obstante, la Comisión aún no ha tomado medidas que conduzcan el refuerzo de la financiación, ni ha establecido un calendario concreto de acción.

Igualmente, cabe recordar que la consulta europea, se celebra en pleno año electoral. Los partidos de la CE, si bien buscan dar una imagen de sensibilidad social, evitan tomar medidas impopulares o que impliquen enfrentamientos con fondos de inversión o inmobiliarias. Así, bajo la premisa de «participación ciudadana»,  parece que se esconde una evasión de la responsabilidad de gobernar.

La consulta pública de Sánchez

En este sentido, la decisión de Bruselas de abrir una consulta pública recuerda a la reciente actuación del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell.

Sánchez tomó la decisión de no intervenir ni posicionarse respecto a la OPA. En lugar de eso, abrió una consulta pública (con los gatos que conlleva) para conocer la opinión de la sociedad en medio de una operación de más de 14.000 millones de euros que impactará sobre el futuro de miles de trabajadores y del sistema bancario español.

Además, según la información recabada por OKDIARIO, en la consulta abierta por el Gobierno se podía participar miles de veces con un solo DNI utilizando nombres falsos.

Teniendo en cuenta que la participación por persona era ilimitada y que la información de la OPA era compleja y limitada, no sorprendió que la oposición denunciara públicamente que la consulta era una estrategia del Gobierno para tomar la decisión que más le favoreciera de forma discreta.

La actuación de Bruselas y Moncloa se asemejan: delegar la responsabilidad política sobre la ciudadanía y el sector privado (bancos, inmobiliarias, y energéticas), mientras el Ejecutivo utiliza un discurso de preocupación por los más vulnerables.