Bruselas no obliga a identificar los pesticidas de los tomates de Marruecos pero sí persigue a los europeos

Los pesticidas que se utilizan en el proceso de producción de los tomates provenientes de Marruecos son desconocidos para los europeos. Así lo asegura a este periódico Mazaly Aguilar, la vicepresidenta tercera de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, que explica que esto sucede porque los importadores marroquíes «no están obligados a identificarlos». Una laxitud en las exigencias normativas que discriminan de forma flagrante a los agricultores comunitarios.

La polémica llega después de que el pasado martes, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, reculara ante las protestas de los agricultores europeos, afirmando que pedirá retirar la exigencia de reducir un 50% los pesticidas.

Aguilar recuerda que los pesticidas,  más conocidos como «fitosanitarios o medicinas para las plantas» son «la única herramienta que tienen los agricultores para luchar contra las plagas, que normalmente siempre vienen de fuera». Sin embargo, se exigen más para el campo europeo que para el extracomunitario, con los consiguientes sobre costes.

Sin exigencia de tasas aduaneras

La miembro del Parlamento Europeo por el Grupo de Conservadores y Reformistas recuerda además que en 2022 se constató la cifra de hasta 53 millones de euros en concepto de tasas aduaneras que «no han sido exigidas porque el Ejecutivo español ha mirado para otro lado».

Quizás, por la «especial relación de este Gobierno con el país alauita». En cualquier caso, en 2022 se pidió a la Unión Europea su investigación y por ahora, «no ha habido una respuesta clara por parte del Gobierno español al requerimiento de la Comisión Europea».

La impresión de Aguilar es que el Gobierno de la UE «está viendo las orejas al lobo» porque pensaba que las protestas de los agricultores «iban a ser flor de un día». Pero en su opinión, «esto no va a pasar». El caso de los tomates marroquíes se aplica a muchos otros como por ejemplo el del arroz proveniente de India, en el que se Aguilar recuerda se utiliza triciclazol -prohibido en la UE-. O el de las naranjas de Sudáfrica, que según explica la europarlamentaria «entran en la UE por el puerto de Rotterdam sin cumplir el tratamiento en frío obligatorio antes de salir de puerto sudafricano».

Las medidas de Von der Leyen son «parches», según el prestigioso economista Daniel Lacalle. En su opinión, «el problema más importante para los agricultores es el aumento masivo de costes energéticos». «No han hecho absolutamente nada en cambiar uno de los temas más aberrantes como la tarjeta digital en la que tienen que poner los sitios donde van o lo que hacen». Las propuestas de Bruselas son «simplemente un parche que no soluciona los problemas de la falta de rentabilidad que tiene el campo», apuntala Daniel. Subraya el gran escollo que para los agricultores suponen las «trabas burocráticas y fiscales».

Según el también economista jefe de Tressis, «les han disparado los costes de contratación, los de producción, les llenan la factura de la energía de impuestos: es una destrucción lenta, constante y absolutamente aberrante del sector primario, que es estratégico. Y no podemos olvidar que la Unión Europea se creó como el mercado común para defender la agricultura y la industria. Y lo que ha hecho esta Unión Europea, tomada por una panda de burócratas que no tienen ni idea de energía, ni idea de industria y ni idea de sector primario es destruir la agricultura y la industria».

Para Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid, «la Unión Europea legisla cada vez con más exigencia y dureza sin tener en cuenta ni a los principales afectados, los agricultores, ni a los consumidores, que somos los que pagamos el plato».

El imparable Pacto Verde

Salcedo cuestiona el Pacto Verde, ese paquete de iniciativas de tipo político de la UE para lograr una neutralidad climática en 2050: «¿La neutralidad climática significa cero emisiones en 2050 como aquel que dice es pasado mañana? El Pacto Verde se aprueba en diciembre de 2019, 3 meses antes de la pandemia». Al 2020 le siguió «baja producción, cierre de actividades, inflación, desabastecimiento», pero «nosotros seguimos adelante con el Pacto Verde».

El economista se pregunta si «no habrá que adaptar las medidas o dictar unas nuevas teniendo en cuenta estos acontecimientos que todavía duran hasta día de hoy». Para Salcedo, sólo se podría alcanzar el objetivo del 55% en 2030 a costa de la producción agrícola: «No son rentables». Salcedo se pregunta si la UE será capaz de «modificar el calendario de cumplimiento de los objetivos».

El economista José Ramón Riera subraya que «no sólo había que cambiar las decisiones a nivel de la Comisión Europea, sino también rehacer parte desde el Ministerio de Agricultura: mejoraría las condiciones de la producción del campo español y europeo». Riera estima que habría que «sacar los productos que produce la agricultura española, la francesa, la italiana y la alemana» porque «son de altísima calidad al tener muchos años de experiencia en nuestro modelo de producción».