Bruselas recula ante los agricultores: pedirá retirar la exigencia de reducir un 50% los pesticidas

Bruselas da un paso atrás frente a las protestas de los agricultores dentro y fuera de España. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que solicitará que se retire la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE. En opinión de la máxima dirigente europea, se ha convertido en un «símbolo de polarización» y cree que el próximo Ejecutivo comunitario podrá realizar un nuevo proyecto «más maduro», que cuente con la participación de los agricultores. También, que las conclusiones del Diálogo Estratégico que han arrancado a finales de febrero, sume la opinión del sector.

La política alemana ha recordado que la Comisión propuso esta regulación con el «digno objetivo» de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios. Sin embargo, ahora, tras concentraciones masivas en Francia y ahora también en España, para el órgano de gobierno de la UE «se ha convertido en un símbolo de polarización». Es más, ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y en el Consejo tampoco hay avances, por lo que propondrá su retirada al Colegio de comisarios.

«Queremos asegurarnos de que los agricultores sigan siendo los protagonistas de este proceso», ha subrayado Von der Leyen en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) este martes por la mañana, mientras se encontraba haciendo un repaso de la cumbre del pasado 1 de febrero.

Un encuentro que fue aprovechado por agricultores de toda Europa, de forma especial de Francia aunque también de España, para manifestarse en Bruselas, coincidiendo con la cumbre del Consejo Europeo.

Los agricultores merecen ser escuchados

Así, Von der Leyen ha reconocido el descontento de los agricultores, que «se sintieron arrinconados» y «merecen que se les escuche». Eso sí, al a vez ha alertado de que «también saben que la agricultura debe evolucionar hacia un modelo de producción más sostenible para que sus explotaciones sigan siendo rentables en los próximos años».

En consecuencia, ha traído a su discurso el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la UE, que cuenta con representantes del sector agrario, las comunidades rurales, la industria de semillas y fertilizantes, el sector alimentario, pero también al sector financiero, los grupos de consumidores y ecologistas y la ciencia. Las recomendaciones se obtengan de este diálogo, que se esperan a finales de verano, se debatirán en el Parlamento y con los Estados miembro. Estas conclusiones serán la base de la futura política agrícola.

«Tenemos que analizar juntos la situación, compartir ideas y desarrollar escenarios para el futuro. Debemos ir más allá de un debate polarizado y generar confianza. La confianza es la base fundamental de las soluciones viables», ha apuntalado Von der Leyen. En su opinión, se trata de «evitar el juego de las culpas y encontrar soluciones comunes a los problemas».

Planas y Puente niegan las reuniones

Mientras, en España, durante la primera jornada de protestas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, sigue negando las reuniones a buena parte de las asociaciones representantes de los agricultores, como el líder de Unión de Uniones confirma a OKDIARIO en esta entrevista publicada hoy.

O como tampoco el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se la ha concedido a los camioneros españoles a menos de 24 horas de iniciarse los cortes avisados por el sector y que se han secundado de forma religiosa al inicio de este martes.

La negación del diálogo social del Gobierno español para con las asociaciones agrícolas y transportistas no se entiende. No sólo porque es el Ejecutivo socialista el que alza siempre la bandera de dialogar con todos los interlocutores sociales, sino porque en marzo de 2022, hasta la más pequeña patronal logró paralizar buena parte del abastecimiento a supermercados, fábricas de coches y granjas. Un caos logístico que se tradujo en un aumento de la inflación ante la escasez de productos en los distintos mercados y que podría repetirse en la actualidad si el Gobierno no es capaz de negociar mejores condiciones fiscales y burocráticas al sector.