Bruselas felicita a las autoridades españolas de Competencia en su informe anual

La Comisión Europea (CE) considera que las autoridades españolas de Competencia están realizado un buen trabajo avanzando en la mejora de la buena gobernanza de las compañías y limitando los intentos de los poderes públicos y algunas empresas de establecer barreras a la entrada de nuevos competidores.

En concreto, según confirman fuentes comunitarias, Bruselas dedica en su informe anual sobre fiscalización a España (por estar todavía en situación de déficit excesivo) un espacio a la labor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, que preside José María Marín Quemada.

La CE destaca especialmente dos cuestiones: la creación de un Registro de Grupos de Interés y el diseño de un mecanismo de denuncias que garantice el anonimato (whistleblowing) y que permita descubrir cárteles y otros abusos o incumplimientos de la normativa de competencia.

En el caso del Registro de Grupos de Interés, se trata de la segunda ocasión en que las autoridades europeas alaban la labor de la CNMC, ya que en el informe semestral de 2017 ya puso el foco sobre esta iniciativa que se puso en marcha hace dos años y que, al no contar con un paraguas normativo, se hizo a través de una resolución del Marín Quemada.

Este registro tiene carácter voluntario y gratuito, lo que reduce su eficacia, aunque la CNMC ha creado un sistema que incentiva a los grupos de interés para inscribirse. En concreto, el organismo exige como condición previa al registro la adhesión a un decálogo de buenas prácticas en la relación con el sector público y más específicamente con la CNMC.

«Admitimos con naturalidad el contacto con una variedad de grupos y organizaciones que representan intereses concretos. Ahora bien, exigimos que esa relación sea  transparente y esté dotada de mecanismos de control, de forma que permita a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que mantiene con la Comisión, y en qué medida sus actuaciones contribuyen a conformar las decisiones de este organismo», explica la CNMC en su blog.

El objetivo esencial, y por tanto la necesidad que da origen a este Registro, es crear un mecanismo institucional que permita alejar la capacidad de cualquier grupo de influir a la CNMC de forma improcedente o, simplemente, contraria a los denominados «intereses generales». Y esto es precisamente lo que aplaude la Comisión Europea.

«Nuestro objetivo final es la huella registral. Es decir, con las limitaciones de la Ley de Protección de Datos y otras restricciones legales, queremos poder mostrar a cualquier ciudadano que consulte nuestra página web, qué reuniones han mantenido nuestros empleados públicos con los grupos de interés, qué se ha tratado en las citadas reuniones, etc», apunta el organismo que preside Marín Quemada.

En cuanto al sistema de denuncias anónimas, la CNMC también comenzó a estudiar su implantación en España en 2016, siguiendo el ejemplo del supervisor de los mercados financieros norteamericano (la SEC, por sus siglas en inglés), organismo equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

En marzo de 2017, Bruselas recogió esta iniciativa y lanzó un canal de denuncias para particulares destinado a facilitar que los individuos alerten a la Comisión sobre cárteles y cualquier otra infracción del derecho comunitario de la competencia, salvaguardando el anonimato del denunciante. Y en esta línea también trabaja la CNMC, que permite que las denuncias se realicen por vía telemática y garantizando el anonimato.

El organismo que preside Marín Quemada reconoce que la detección de infracciones de esta índole por parte de la CNMC es «difícil», por lo que apela a la colaboración de las empresas o ciudadanos que dispongan de información relevante sobre estas prácticas ilegales contrarias a la competencia «aportando dicha información y sin necesidad de presentar una denuncia formal».

La CNMC deja claro que la identidad de la persona que aporta la información no queda registrada salvo que se rellene las casillas correspondientes del formulario, y que este tipo de colaboración «no supone la presentación de una denuncia ni de una solicitud de clemencia».

El organismo recuerda que los pactos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el pacto fraudulento en licitaciones públicas o privadas, «perjudican gravemente los intereses económicos generales y afectan de manera muy grave a la competencia, a los consumidores y a las empresas que cumplen las normas».