Botín es favorable a que se haga público el informe de valoración de Deloitte sobre Banco Popular

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha manifestado este miércoles que es partidaria de que se publique sin censura el informe de valoración que hizo Deloitte sobre Banco Popular por encargo de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.

Este documento es clave para los afectados por la caída de la entidad financiera que presidía Emilio Saracho y tan sólo se ha publicado una versión resumida que oculta lo más importante: cuales fueron los rangos de valoración previos a la resolución del banco.

Durante la rueda de prensa de resultados del Santander correspondientes al ejercicio 2017 –periodo en el que el banco ganó más de 6.600 millones de euros– Botín ha defendido la publicación del informe indicando que “sería muy bueno que se conozca” porque dotaría de “transparencia” al proceso de resolución del Popular. No obstante, la presidenta del Santander no ha aclarado si, como dicen las autoridades europeas, la JUR ha pedido permiso oficialmente a la entidad española para publicar el polémico informe.

La cuestión es determinante, porque la publicación del documento pondría de manifiesto lo que hasta ahora sólo ha sido desvelado por los medios de comunicación: que cuando se produjo la resolución del Popular, la JUR y el Banco Central Europeo (BCE) ocultaron que Deloitte estableció tres rangos en su valoración provisional de la resolución: uno de -8.200 millones de euros, otro de 2.000 millones y un tercero de 1.300 millones.

Las autoridades comunitarias sólo anunciaron los resultados de las cantidades negativas como una forma de justificar la resolución, ocultando la última valoración, que era vital para saber si el banco era viable en términos de solvencia o solo atravesaba una crisis de liquidez puntual, como defendieron las instituciones españolas representadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de España.

La importancia de esta valoración de 1.300 millones en un escenario favorable cuestiona todo el proceso de intervención del Banco Popular. Hay que recordar que la operación de resolución de la entidad fue decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB e implicó la reducción a cero del capital social del banco y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.

Los abogados de los afectados por la caída del Popular  consideran que la decisión de la presidenta de la JUR, Elke König, respaldada por el BCE, de mantener el informe en secreto alegando que incluye “información confidencial”, atenta contra los ” derechos fundamentales de los más de 350.000 afectados por la expropiación y expolio a la que se vieron sometidos la noche del 6 de junio” cuando las acciones del Popular pasaron a valer cero euros.

Por su parte, fuentes del sector auditoría consultadas por OKDIARIO dejan claro que Deloitte no hará público el informe de forma unilateral, aunque sea la primer interesada en que su trabajo sea transparente y no haya dudas sobre la profesionalidad de los técnicos que elaboraron el polémico documento. «Si la decisión estuviera en manos de Deloitte el informe ya sería público, pero no es a la firma a quien corresponde difundirlo, ya que se ha realizado para un cliente [la JUR] y debe respetar la confidencialidad que va ligada al contrato», señalan las fuentes consultadas.

Traslado de sede de Santander España

Durante su intervención, Ana Botín ha desvelado que la sede de Santander España se trasladará al edificio de Banco Popular ubicado en la calle Juan Ignacio Luca de Tena de Madrid. La presidenta ha destacado en la presentación de resultados que la cuota de mercado del Santander (incluyendo los recursos del Popular) ha crecido en 80 puntos básicos en el mercado de depósitos.

Por su parte, el consejero delegado del banco, José María Álvarez, ha señalado que «el Popular está estabilizado y en situación de normalidad, recuperando cuota de depósitos en el cuatro trimestre del año y retomando la actividad crediticia», lo que le permite “tener tendencias de negocio similares a los del conjunto del grupo Santander”.

Respecto al primero de los tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad tiene en marcha y cuyo plazo de adhesión finaliza esta semana Álvarez ha manifestado su confianza en que se alcanzará el nivel esperado de 1.100 adhesiones de forma voluntaria sin que sea necesario realizar salidas forzosas, debido a las “buenas condiciones del acuerdo alcanzado con los sindicatos”.

En cuanto al impacto de la reestructuración del Popular en el conjunto del Banco Santander, el consejero delegado ha explicado que el objetivo es computar unos costes de 300 millones de euros por esta cuestión en cada año hasta completar los 1.200 millones esperados, comenzando ya por las cuentas de 2017.

Fuga de depósitos en el Popular

Según los datos publicados en la apertura de mercado de este miércoles, los depósitos de clientes en España del Popular crecieron un 15% desde que Santander adquirió la entidad, cerrando el ejercicio en 58.000 millones de euros,. No obstante, en el conjunto del año el banco intervenido perdió 13.000 millones de euros.

En cuanto a los créditos en España del Popular (excluyendo el negocio inmobiliario) la gestión de Santander no fue capaz de elevar el saldo, registrando una reducción del 2% respecto a junio y cerrando el año en los 68.000 millones de euros. La pérdida total (desde enero) es de 5.000 millones de euros.