Banco Popular: el fiscal yerra el tiro y hacen falta juzgados económicos

El fiscal anticorrupción ha presentado por fin esta semana el escrito de acusación del caso Banco Popular en el que pide 6,5 años de prisión para el ex presidente de la entidad, Ángel Ron. Pero yerra el tiro respecto a los directivos responsables de las trapacerías contables del Popular. Y, una vez más, se pone de manifiesto la necesidad de crear juzgados de delitos económicos con magistrados que tengan conocimientos de empresas y contabilidad, porque ahora mismo la mayoría ni siquiera saben hace un banco (no es el caso del instructor de este caso, José Luis Calama, afortunadamente).

En el caso de Ron, es evidente que no se hacía nada en el Popular sin que él lo supiera y lo autorizara, como mínimo (como pasaba en el BBVA de Francisco González con los contratos de Villarejo). Así lo deja claro el fiscal Antonio Romeral: «Todo el proceso de cambio de la política contable, así como las operaciones de activo y alteraciones contables que relatamos en este escrito, fueron conocidas, consentidas y autorizadas por el presidente ejecutivo del Banco Ángel Ron Güimil, con la finalidad de ocultar la verdadera situación económica y financiera de la entidad, y las pérdidas generadas».

Por eso, sorprende que pida sólo 6,5 años de cárcel cuando el Código Penal le permite solicitar hasta nueve, dada la gravedad de los hechos y el perjuicio económico milmillonario causado. De hecho, los fondos de inversión que tenían bonos del Popular y perdieron todo su dinero en su resolución piden una fianza de 1.500 millones.

Culpables que se van de rositas

Pero más allá de Ron, el gran error lo comete Anticorrupción al señalar a los culpables, los cómplices y los cooperadores necesarios, porque se hace un lío entre ellos y demuestra que, o bien no ha prestado suficiente atención a las declaraciones de los testigos, o o bien no entiende cómo funciona la organización de un banco; volvemos a lo mismo.

Según fuentes que conocieron las maniobras de ocultación de las pérdidas del Banco Popular que relata el fiscal, los verdaderos cerebro de las mismas fueron el consejero delegado, Francisco Gómez, y Javier Moreno, el interventor general del banco. Es decir, son el principales culpables de los delitos de los que le acusa. De hecho, en el escrito se les cita reiteradamente como participantes en todos los hechos.

Para Gómez, el fiscal pide la misma pena que para Ron: seis años y medio en conjunto. Sin embargo, Anticorrupción considera a Moreno mero cooperador necesario y no autor, y por eso solicita sólo una pena conjunta de cuatro años de prisión (1,5 por el delito de falsedad contable y 2,5 años por el de estafa a inversores, que el escrito denomina falseamiento de información económico-financiera). Al igual que en el caso de Ron, podía haber pedido hasta nueve años.

Otro de los principales participantes en estos cambalaches fue Tomás Pereira, el director jurídico, que fue el que firmaba los contratos de la trama Thesan (las sociedades que creó el Popular en Luxemburgo para ocultar la morosidad de los créditos de varias empresas y así no tener que provisionarla, es decir, no apuntársela como pérdida).

Acusados inocentes

Pero, de nuevo, el fiscal no le considera culpable de los delitos cometidos por el Banco Popular, sino cómplice. Y por ello sólo pide para él siete meses de prisión (al ser menos de dos años, no pisará la cárcel) por falsedad contable.

A la inversa, hay algunos directivos que la Fiscalía considera culpables pero que no participaron -o ni siquiera tuvieron conocimiento- de los hechos, siempre según las fuentes. Son los casos, por ejemplo, de los consejeros Roberto Higuera y Jorge Oroviogoicoechea, a los que sí considera autores y para los que solicita seis años y medio de prisión, al igual que para Ron y Gómez. O del ex director financiero, Francisco Sancha, al que califica de cooperador necesario y para el que pide cuatro años sumando los dos delitos.

Juzgados económicos

Más allá de estos errores del fiscal, el caso Banco Popular pone de manifiesto una vez más la necesidad de crear en España juzgados especializados en delitos económicos. Para entender y juzgar esta delincuencia no basta con tener grandes conocimientos de derecho, sino que hay que tenerlos de economía y empresas. Ahora, hay que confiar en la buena voluntad del juez que le corresponda para que se tome interés en formarse en estas materias, como ha hecho Calama pero no otros magistrados como Teresa Palacios o Ángela Murillo.

No puede ser que se ocupen de ellos los mismos jueces que se encargan del terrorismo, los delitos contra la Corona o el narcotráfico, que es lo que hace la Audiencia Nacional. Porque no tiene nada que ver una cosa con otra.

Esta necesidad ya se puso de manifiesto en la disparatada sentencia del caso Bankia, en la que la citada Murillo absolvió a Rodrigo Rato y demás imputados por la salida a Bolsa de esa entidad (precedente que les viene de perlas a los acusados del Banco Popular, por cierto). Y que comparten muchos de los propios magistrados de la Audiencia. Es hora de que alguien se lo tome en serio.

Eduardo Segovia es autor del libro ‘De los Borbones a los Botines: auge y caída del Banco Popular’.