El fiscal cree que «todas las alteraciones contables del Popular fueron autorizadas por Ángel Ron»

El fiscal anticorrupción señala al ex presidente del Banco Popular Ángel Ron, como máximo responsable de los delitos de estafa a inversores y falsedad contable por los que pide que se le juzgue. No obstante, no pide la máxima pena que contempla el código penal: solicita 6,5 años de prisión en vez de nueve. Por otro lado, los fondos de inversión que perdieron su dinero en la entidad piden que se imponga una fianza de 1.474,3 millones de euros al Banco Santander (comprador del Popular) y a PwC (auditor).

«Todo el proceso de cambio de la política contable, así como las operaciones de activo y alteraciones contables que relatamos en este escrito, fueron conocidas, consentidas y autorizadas por el presidente ejecutivo del Banco Ángel Ron Güimil, con la finalidad de ocultar la verdadera situación económica y financiera de la entidad, y las pérdidas generadas», sostiene el fiscal Antonio Romeral.

Y añade: «El acusado estuvo al corriente de los requerimientos de los supervisores para corregir las deficiencias detectadas por la inspección, referidas principalmente a la valoración de la cartera crediticia y los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas». Para cometer esta ocultación de dichas deficiencias, el fiscal cree que fue necesaria la colaboración de la intervención general del Popular, el departamento de riesgos, el de auditoría interna y los auditores externos, es decir, PWC. Por ello, pide que se juzgue a los responsables de todos ellos.

El escrito de acusación remitido este lunes por la Fiscalía hace un duro repaso por todas las irregularidades contables cometidas por el Banco Popular bajo la presidencia de Ángel Ron para concluir que «no realizó los ajustes contables necesarios para sanear sus cuentas con la finalidad de aparentar unos resultados positivos – ganancias- que no tenía, mostrando al mercado y a los inversores en general unos estados financieros ficticios alejados de la realidad».

A su juicio, si el Popular hubiera contabilizado correctamente su agujero, debería haber presentado unas pérdidas de 2.553,2 millones en vez de los beneficios de 105,4 con que pidió 2.500 millones al mercado en la ampliación de capital de 2016. Al cierre de 2016, cuando ya tuvo que reconocer la situación, presentó pérdidas de 3.485,36 millones, pero el fiscal cree que deberían haberse elevado a 4.414,53 millones.

Su conclusión es que «para captar el dinero de los potenciales inversores el Banco proporcionó a estos, a través del folleto de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica y patrimonial de la entidad, lo que impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de la inversión en los términos y condiciones que lo fue».

No pide la pena máxima

A pesar de ello, el fiscal no pide la máxima pena que podría solicitar para Ángel Ron. Así, por el delito continuado de falsedad en las cuentas anuales y trimestrales, solicita dos años y un día cuando el artículo 290 del Código Penal le permite imponer de uno a tres años y especifica que «si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior».

En cuanto al delito de falseamiento de información económico-financiera, al que el juez José Luis Calama se refiere como estafa a inversores, el fiscal solicita cuatro años y seis meses. Pero, de nuevo, el artículo 282 bis del citado código, establece que este delito será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y que «si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses». Es decir, habría podido pedir tres más seis años, es decir, nueve.

También reclama 6 años y medio de prisión para el ex consejero delegado del banco Francisco Gómez, el ex vicepresidente de la entidad Roberto Higuera y el ex miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea por los mismos delitos. Y solicita para ellos penas accesorias de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio relacionado con entidades de crédito y que se les aplique multas de entre 108.000 euros y 132.000 euros.

El escrito se dirige contra un total de 11 personas, la mayoría ex altos cargos del Popular, aunque también figuran dos auditores de PwC (Pricewaterhouse).

Los fondos piden 1.500 millones de fianza

Sorprende que el fiscal no solicite ninguna fianza para los acusados, aunque sí que los seguros suscritos por Banco Santander (comprador del Popular) y a PwC serán responsables civiles y estas dos firmas tendrán responsabilidad civil subsidiaria (el banco ya ha pagado 1.000 millones a los afectados al amortizar los bonos de fidelización que les entregó).

Por el contrario, los  fondos que perdieron su inversión en la resolución del Banco Popular en 2017 sí han pedido al juez Calama que imponga una fianza de 1.474,3 millones de euros al Santander y PwC. Esta petición se formula ante el juicio oral que abrirá próximamente el magistrado contra la antigua cúpula del Popular.

En el escrito de acusación presentado por los abogados de Pimco, Algebris, Anchorage, Polus, Bybrook y Polus al que ha tenido acceso OKDIARIO, solicita que estas firmas «presten FIANZA por importe de 1.134.109.024,99 euros, más un tercio de dicha cantidad que asciende a 378.036.341,66, esto es la suma total de 1.474.341.732,99 para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos delictivos que son objeto de este escrito de acusación».