El Banco de España confirma que advirtió desde 2009 al Popular su falta de provisiones

El inspector del Banco de España adscrito al Banco Central Europeo (BCE) Ignacio Pardo Cuerdo ha confirmado que la inspección del supervisor nacional venía advirtiendo en sus informes de que el Banco Popular no tenía provisiones suficientes desde 2009, ocho años antes de que finalmente acabara siendo liquidado y vendido al Banco Santander por un euro.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Pardo ha explicado que el equipo de inspección del que formaba parte elaboraba informes sobre las revisiones que realizaban en la entidad, y que, adicionalmente, trimestralmente se elaboraban dos informes, uno de seguimiento y otro de ajustes pendientes de realización.

«En dichos informes, a partir de 2009, en todas esas revisiones, se identificaban necesidades de provisiones. Esa era nuestra conclusión. Nosotros como inspectores, como miembros de un equipo cooperativo, no podemos requerir», se ha excusado, ante la pregunta de varios grupos de por qué no se actuó con medidas concretas habiéndose detectado debilidades en esta entidad.

«No les puedo decir mucho más. Decir otra cosa sería asumir una función que no me corresponde»

Así, ha explicado que el órgano competente para poder realizar estos requerimientos sería, en todo caso, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a propuesta del director general. «No les puedo decir mucho más. Decir otra cosa sería asumir una función que no me corresponde», ha zanjado.

Pardo ha explicado que una reorganización interna del personal en el Banco de España acabó con su trabajo de inspección en el Popular en el primer trimestre de 2011. «A partir de ahí desconozco qué se ha producido, si los ajustes se hacen o en qué medida el banco planifica provisiones para realizar esos ajustes», ha dicho.

«Existen recomendaciones o la persuasión moral, pero no existía un aspecto legislativo»

En este sentido, ha asegurado no tener constancia de que pudiera haber habido algún escrito de requerimiento, al no haber participado en este proceso y haber abandonado la supervisión de esa entidad.

Durante su intervención, ha reconocido las limitaciones del supervisor a la hora de imponer restricciones a las entidades, una afirmación, ha dicho, compartida por otros directivos del Banco de España, tanto a nivel de supervisión macroprudencial como de la propia normativa.

«Existen recomendaciones o la persuasión moral, pero no existía un aspecto legislativo que permitiera al supervisor exigir qué riesgo inmobiliario y en la construcción no puede ser superior a partir de un determinado porcentaje», ha dicho.