La mitad de los que empezaron a recibir el ingreso mínimo en 2020 sigue cobrándolo 4 años después

El 45% de perceptores que empezaron a recibir el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 sigue cobrándolo 48 meses después, según un informe publicado este miércoles por la AIReF. El organismo que preside Cristina Herrero ha determinado que cobrar el ingreso mínimo reduce en tres puntos porcentuales la probabilidad de que los perceptores se incorporen al mercado laboral y pide al Gobierno que introduzca cambios en la gestión de una prestación que ha sido denunciada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por miles de afectados por las reclamaciones por los cobros indebidos.

La radiografía de cuántos perceptores siguen recibiendo la ayuda y no se han incorporado al mercado de trabajo y no han mejorado su economía es la siguiente, según la AIReF. Un año después de la primera nómina, las que presentan mayor tasa de hogares que continúan percibiendo esta ayuda son, en orden descendente: los que empezaron a cobrar en el segundo semestre de 2020 (96%), segundo semestre de 2022 (94%), segundo semestre de 2021 (92%), primer semestre de 2023 (89%), primer semestre de 2022 (89%), primer semestre de 2021 (88%) y segundo semestre de 2023 (84%).

A los 24 meses del inicio de la prestación, quienes empezaron a cobrar el primer y segundo semestre de 2022 mantienen en torno al 81% de sus hogares originales en el ingreso mínimo; la cohorte del segundo semestre de 2021, al 79%, y las cohortes del segundo semestre de 2020 y del primer semestre de 2021, al 74%.

Por último, a los 36 meses transcurridos desde la primera nómina es posible observar la situación de solo tres grupos de perceptores. Tras 36 meses se mantienen como perceptores el 69 % de los hogares que iniciaron su prestación del ingreso mínimo en el segundo semestre de 2021, el 68% de los
del primer semestre de 2021 y el 50% de los del segundo semestre de 2020.

La AIReF detecta que los efectos en cuanto a la probabilidad de trabajar son más pronunciados en menores de 30 años, en hogares monoparentales y con importes de la prestación superiores a la media, llegando a desincentivar la participación laboral en cifras superiores al 20%.

En relación con la calidad del empleo, entre los beneficiarios que mantienen su vinculación laboral, se observan cambios en las características del empleo que sugieren una mejora en la calidad, registrándose un incremento del 3% en la probabilidad de tener un contrato indefinido.

El análisis revela que el 90% de los beneficiarios permanece más de 12 meses, el 75% supera los 24 meses y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de 3 años.

La AIReF constata un incremento del 14% en el número de beneficiarios y un crecimiento del 34% en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Además, se reducen en 45 días los tiempos medianos de tramitación de la prestación.

Sin embargo, el estudio puntualiza que estos progresos conviven con resultados que evidencian que el IMV «no ha experimentado modificaciones estructurales relevantes, conservando un diseño que presenta limitaciones desde sus inicios para alcanzar sus objetivos».

Entre los indicadores clave que permanecen sin mejoras significativas destacan la cifra de non take-up (beneficiarios con derecho a percibir la prestación que no la solicitan) similares a las de años anteriores (55% en el IMV y 72% en el CAPI; complejidad administrativa continuada, con un 68% de hogares que experimentan modificaciones por revisiones de rentas, y diferencias territoriales mantenidas con Cataluña e Islas Baleares con tasas de no solicitud superiores al 65%, que «evidencian la falta de coordinación del IMV con las rentas mínimas de las comunidades autónomas».