El escudo social de Sánchez: los diputados cobran por dietas más que los beneficiarios del ingreso mínimo

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV), una de las medidas estrella de lo que Pedro Sánchez bautizó como el escudo social del Gobierno, cobran una media por hogar de 500 euros, según los nuevos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social. En cada hogar, la ministra Elma Saiz estima una media de tres personas, por lo que cada beneficiario recibe de media 166 euros al mes. La cifra queda muy lejos de lo que reciben los diputados que viajan oficialmente fuera del país en dietas, 150 euros cada día, que son 120 euros si el viaje oficial es por el interior.

Esta es uno de los argumentos que utilizan los afectados por el funcionamiento de esta medida estrella de Sánchez, que se han agrupado en una asociación y están organizándose para presentar reclamaciones porque esta ayuda en muchos casos agrava la situación de pobreza de las familias. Además, han habilitado una petición para recoger firmas e imponer un cambio en la gestión de esta ayuda.

El Gobierno ha gastado más de 3.000 millones de euros en 2023 en esta subvención, que asegura que llega a más de 1,7 millones de personas. Pero el objetivo principal no parece haberse logrado. La subvención llega a las citadas 1,7 millones de personas, que supone el 3,4% de la población española y el 13% de los ciudadanos que están en riesgo de pobreza.

Según los datos del INE, algo más de 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza, por lo que la ayuda «que no iba a dejar a nadie atrás» sólo llega al 13% de este colectivo más afectado. En cuanto al conjunto de personas en riesgo de pobreza severa, casi cuatro millones de personas según el INE, el ingreso mínimo cubriría el 42%. Otro 58% habría quedado al margen.

Pero el problema no es sólo que las ayudas no son suficientes. Además, los afectados aseguran que la gestión de la subvención por parte del Ministerio es deficiente. Al margen de que la comunicación con el Ministerio es casi imposible, aseguran, en muchas ocasiones les quitan la ayuda sin explicación alguna.

«Después de acreditar toda la documentación requerida o solicitada por el INSS, pareciera que no contemplan revisar dicha documentación. Y después de unos meses a muchos perceptores le vuelven a solicitar de nuevo una documentación ya acreditada o le dan por extinguida la prestación sin justificación alguna», explican afectados.

A veces, se les quita la subvención después de revisar los ingresos de un año que han trabajado pero sin tener en cuenta el año en curso, que han podido quedarse en paro de nuevo y sin ingresos. En muchos casos, el Ministerio reclama ayudas recibidas erróneamente según sus datos y, si no se devuelve en un periodo mínimo, se les cobran intereses abusivos.

«Nos llegan cartas reclamando cobros indebidos, con unas cantidades que no sabemos ni de dónde han salido. Creando desorden, descontrol y miedo entre las personas más vulnerables. Lo que en un principio era una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecemos de recursos económicos, se ha convertido en un auténtico drama para padres y madres de familia, con hijos menores, discapacitados e incluso mayores a cargo. También para las personas que viven solas», explican.

El recargo exigido por el Ministerio es del 20%, aseguran. «En las cartas de la Seguridad Social, reclamando cobros indebidos, nos indican que se debe pagar la deuda en un plazo de 15 días con el 20% de recargo. Si no se paga en los plazos establecidos, la deuda tendrá un interés de demora del 25% y se iniciará el procedimiento de apremio. La deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial, sino siguen subiendo las cuantías por los intereses generados. De hecho, a día de hoy, ya se están haciendo embargos», señalan.