Arturo Pérez (Aedive): «La burocracia en España está frenando la inversión en el coche eléctrico»

El transporte por carretera en España supone un consumo actual de más de 300 TWh, que se reducirían a menos de 150 TWh si se electrificara completamente, con la ventaja añadida de que la energía necesaria sería renovable y autóctona, lo que evitaría, además, la dependencia actual tan grande de países terceros en la compra de combustibles fósiles.

Así se expresa el director general de la patronal hispano-portuguesa de movilidad eléctrica (Adive), Arturo Pérez de Lucia, en una entrevista a OKDIARIO, al poner de manifiesto que el vehículo eléctrico es un proyecto de país que va mucho más allá de la descarbonización y la contaminación y que tiene en la eficiencia energética su valor más estratégico, al ser el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético, en un mundo geopolítico incierto, en el que conviene reducir la dependencia de terceros países y potenciar los recursos propios.

La regulación española retrae inversiones

«Un punto de conexión a la red no debería de ser objeto de deseo en España. Pero los operadores de recarga siguen sin conocer la disponibilidad inmediata de potencia allí donde prevén desarrollar infraestructuras de recarga y saberlo lleva meses, mientras en otros países europeos, esa información está disponible de forma inmediata, lo que hace que inversiones inicialmente previstas en España se vayan a mercados internacionales que facilitan el despliegue de estas instalaciones públicas», señala Pérez de Lucia, junto a otras barreras regulatorias que siguen lastrando el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en el país, como las concesiones de licencias y permisos y que la distribuidora no pueda trabajar al tiempo que el operador de recarga en la instalación y que cuando esté construida, también lo esté el punto de conexión a red.

Actualmente, tenemos una red pública de recarga que da respuesta a las necesidades del parque eléctrico, pero vamos retrasados basándonos en el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno a 2030, que implica tener que matricular cinco millones de vehículos eléctricos en siete años, aparte del casi medio millón de unidades matriculadas que hay actualmente, añade el director de Aedive.

«Ese retraso es especialmente preocupante cuando hablamos de infraestructuras para camiones y autobuses, en especial respecto al reglamento europeo AFIR, de combustibles alternativos, que ya fija objetivos a 2025, con los que vamos tarde, y otros a 2027 y 2030 que no podremos cumplir tampoco si España no toma medidas inmediatas. Por eso hemos, presentado al Gobierno un decálogo de medidas necesarias para su cumplimiento, que próximamente acompañaremos de propuestas regulatorias necesarias», comentó a OKDIARIO, al tiempo que señaló la necesidad de que se adecúe la red de transporte y distribución eléctrica a los requerimientos presentes y futuros de la industria y la movilidad y se acometan las inversiones necesarias para integrar a la industria y la movilidad.

De lo contrario, Pérez de Lucia avisa de que «lejos de aprovechar una oportunidad, estaremos en una situación de riesgo de los objetivos energéticos y de descarbonización».

Aedive sobre las ayudas al eléctrico

El precio de las baterías de los vehículos eléctricos está experimentando bajadas importantes y los principales fabricantes, como CATL, auguran un coste por debajo de los 50 dólares el kWh de litio en 2026, cuando el umbral para competir en precio con los vehículos de combustión se estableció en 100 dólares el kWh. «Es una noticia alentadora que acelerará el mercado, aunque en España sigue siendo necesario un plan de incentivos que permita incrementar la cuota de eléctricos para equipararnos a la media europea», afirma Pérez de Lucia.

En este sentido, el directivo de Aedive puntualiza que «es preciso que el Gobierno consiga que los incentivos se perciban con inmediatez y sin la dificultad que hoy existe en su tramitación a través de las comunidades autónomas, tal y como sucede en otros mercados que están creciendo más que España, pese a tener una renta per cápita inferior y menor intensidad de ayudas, o no cumpliremos el objetivo a 2030».