Aragonés amplía a 271 los municipios en los que se limita el precio del alquiler en Cataluña

Pere Aragonés, presidente de Cataluña, vuelve a atacar a los pisos de alquiler al extender el número de localidades con un precio controlado y limitado por la Administración. Así, la Generalitat de Cataluña ha comenzado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio del arrendamiento, según ha anunciado este lunes la consejera de Territorio, Ester Capella.

De esta forma, otros 131 municipios se suman a los 140 que, el verano pasado, ya se declararon como zona tensionada en Cataluña y, en total, la medida afectará a un 90% de la población catalana (una zona donde viven más de 7 millones de habitantes), informa el departamento en un comunicado.

Aragonés contra el alquiler

Precisamente este martes se cumple un mes de la entrada en vigor de esos topes, con los que se pretende frenar el aumento de los precios, especialmente en localidades del área metropolitana de Barcelona y del litoral.

La ampliación afecta a municipios de más de 2.000 habitantes repartidos por la geografía catalana, incluida la zona de la Valle de Arán (Lleida), que lo había solicitado y que este lunes ha celebrado su Comisión de urbanismo, presidida por Capella en Vielha.

Los nuevos municipios deben cumplir alguno de los requisitos que marca la Ley estatal: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, y que el precio de alquiler o compra de vivienda haya experimentado en los últimos 5 años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma de España en aplicar estos límites a los precios del alquiler, que según la Agència de l’Habitatge de Catalunya, bajaron un 5,4% en el primer trimestre de este año, una media de 1.399 euros, y aumentaron un 10,5% respecto al cuarto trimestre de 2022.

Pere Aragonés también ha limitado el número de pisos de alquiler vacacional, o turísticos, pese a la oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de que el Tribunal Constitucional está estudiando su viabilidad.

Esta normativa ha sido cuestionada por numerosas instituciones. El Partido Popular ha llevado el Decreto ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, Federatur se ha unido a la parte demandante. Además, la CNMC expresó este miércoles su preocupación por esta ley y cuestionó su implantación.

La regulación de la Generalitat establece que «se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes». El Gobierno regional cede a las localidades la competencia de decidir quiénes serán los afectados: «Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda». Sin embargo, el Govern no discriminará entre pequeños o grandes propietarios ni entre personas físicas o jurídicas.