Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo
Han pasado más de siete años desde la intervención de Fórum Filatélico. Y en este tiempo no sólo la Justicia ha olvidado a las víctimas de esta sociedad no bancaria de inversión, tampoco los presuntos culpables de estafa han sufrido la acción de jueces y fiscales. Este martes, después de esperar otro año más desde la condena de septiembre de 2015, y nueve años y medio después de la intervención por el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales.
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público dirigido contra 29 personas, entre las que se incluyen los cinco miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico con su presidente al frente, el director general de la sociedad, el asesor jurídico y los auditores externos.
En septiembre de 2015, el Juzgado número 7 de lo Mercantil de Madrid declaró culpable el concurso de Fórum Filatélico y responsabilizó a seis de los implicados en la causa, entre ellos Briones, a los que condenó a pagar a los acreedores una cantidad superior a los 2.200 millones de euros. Cada uno deberá pagar una sexta parte de esa cantidad. El juez consideró «palmaria» su responsabilidad en lo que calificó de «estafa piramidal».
El resto de los acusados son personas vinculadas con la red de proveedores de Fórum o a operaciones de blanqueo realizadas por al sociedad.
El Ministerio Fiscal sostiene que Fórum Filatélico desplegó «durante años» una actividad de captación masiva de fondos del público en todo el territorio nacional mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias.
Fórum Filatélico fue intervenida el 9 de mayo de 2009 por el Juzgado Central de instrucción número 5 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella tras la investigación desarrollada por la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT).
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