La justicia tumbó un plan urbanístico para construir 26.000 casas en Boadilla por no tener informe de impacto de género

La burocracia lastra la construcción de vivienda en España. Es una de los quejas más repetidas por los profesionales del sector y, en muchas ocasiones, hace referencia a la multitud de informes desconocidos para la población, pero necesarios en muchas comunidades autónomas para levantar nuevos barrios. Uno de estos trámites, pese a que hasta al propio Broncano le resultara llamativo, es el Informe de Impacto de Género. Sí, existe, y llegó a tumbar un plan urbanístico con el que se iban a crear 26.000 viviendas en Boadilla del Monte.

Los expertos consultados por este periódico apuntan que este informe existe y tiene relevancia administrativa a nivel urbanístico. De hecho, apuntan que se trata de un documento que analiza si las decisiones contenidas en un instrumento de planeamiento urbanístico pueden tener efectos diferentes sobre mujeres y hombres y si «contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades».

El documento solicitado a los ayuntamientos estudia cuestiones como la «accesibilidad al transporte público, la seguridad de los espacios públicos, la proximidad de servicios, los desplazamientos cotidianos y la distribución de equipamientos». Cuestiones que, para algunas administraciones, ya se incluyen en otros análisis referidos a la accesibilidad.

No es, por tanto, un informe que determine cuántas viviendas deben construirse ni sustituye a los informes técnicos urbanísticos. Detallan que su finalidad teórica es únicamente la de incorporar esa perspectiva de igualdad a la planificación de las ciudades.

Más allá de la ideología, para los actores que intervienen en el sector de la construcción y lamentan la cantidad de años que se tarda en sacar adelante las promociones de viviendas, la controversia jurídica surge cuando se plantea si su ausencia constituye un defecto suficientemente grave como para anular un Plan General completo, incluso aunque el resto de sus determinaciones urbanísticas sean correctas.

El informe tumbó el PGOU de Boadilla

Esto es lo que sucedió en el caso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte. Cronológicamente el impacto de este trámite en dicha promoción fue la siguiente:

En 2015 la Comunidad de Madrid aprueba definitivamente el nuevo PGOU del municipio. Sin embargo, en abril de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que debía haberse incorporado un informe de impacto de género y que su ausencia justificaba la nulidad del planeamiento.

La construcción de más de 26.000 casas queda paralizada hasta que en julio de 2018 el Ayuntamiento de Boadilla aprueba inicialmente un nuevo Plan General para protegerse frente a una posible confirmación judicial de la nulidad.

Casi seis meses más tarde -y un año y ocho meses después de tumbar el proyecto- el Tribunal Supremo da la razón a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento y el PGOU de 2015 recupera la seguridad jurídica cuestionada. En este sentido, la Junta de Gobierno municipal acuerda resolver el contrato de redacción del planeamiento alternativo, al haber desaparecido la causa que motivó su preparación.

Este ejemplo pone de manifiesto -pese a los chascarrillos- que ese informe existe, que ha afectado a la continuidad de algunos proyectos y que el propio Tribunal Supremo estableció que no podía exigirse automáticamente un informe específico de impacto de género por aplicación supletoria de la legislación estatal cuando la normativa urbanística autonómica no lo imponía.

En cualquier caso, ni siquiera  no elimina la obligación de considerar la igualdad en la planificación. La diferencia es importante: una cosa es incorporar la perspectiva de género y otra que la ausencia de un documento específico provoque automáticamente la nulidad de todo el plan.

Ya en 2022 PP y Vox cerraron un acuerdo para eliminar la obligatoriedad de realizar informes de impacto de género en el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid. En otras comunidades como el País Vasco, Cataluña o Valencia sí es obligatorio que su planificación urbanística incluya este «impacto de género».