Consecuencias de una Cataluña independiente: recortes de pensiones, ‘corralito’ y colapso económico

Oriol Junqueras
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (Foto: Efe)

El referéndum ilegal por la independencia de Cataluña convocado para este domingo ha fracasado, pero el desafío secesionista continuará y, con ello, la incertidumbre económica. Una Cataluña independiente sufriría un recorte en las pensiones cercano al 15%, derivaría en un corralito financiero y colapsaría la economía.

Convivencia Cívica, a través de los datos sobre ingresos y gastos facilitados por la Intervención General de la Seguridad Social, ha hecho un desglose que desmiente una vez más el tópico independentista de ‘Espanya ens roba’.

Cataluña es la comunidad autónoma más deficitaria de España, y es que en 2015 registró un saldo negativo de 3.193 millones de euros. Es decir, que las cotizaciones sociales pagadas por los afiliados catalanes fueron insuficientes para pagar las pensiones sufragadas por la Seguridad Social en Cataluña. Dicho de otro modo, los catalanes pagaron menos de lo que recibieron.

Desde Convivencia Cívica advierten de que en “una hipotética Cataluña separada del resto de España las pensiones sufrirían una disminución del 15% si fueran sólo sufragadas con las cotizaciones de los afiliados catalanes y sin aportaciones de la Seguridad Social estatal. Ello significaría que la pensión media de un pensionista catalán bajaría en 144 euros mensuales”.

‘Corralito’ financiero

Las entidades financieras son conscientes de que una ruptura unilateral con el resto de España y la creación de un Estado propio supondría la inmediata expulsión de la eurozona, lo que haría imposible garantizar la liquidez de los depósitos de los residentes en Cataluña y obligaría a imponer un corralito financiero, limitando (o paralizando) la retirada de dinero en efectivo.

Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes de los bancos más importantes del Ibex, aunque rechazan realizar declaraciones oficiales tras el revuelo que se generó en septiembre de 2015, cuando la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) emitieron un comunicado conjunto en la que admitían la posibilidad de un corralito financiero si Cataluña sale del euro.

La Hacienda catalana colapsaría la economía

Hace un par de semanas, la Generalitat presentaba el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que pretende suplantar la identidad de la Hacienda estatal cobrando todos los impuestos de la región, y el gobierno de Puigdemont ha llegado a amenazar con castigar a a los empresarios que no declaren sus impuestos ante la Generalitat.

«Lluís Salvador, el secretario de Hacienda, ya nos ha advertido de que nos va a mandar notificaciones y nos exigirá que abonemos los impuestos a la ATC: también las retenciones de IRPF y el IVA de las pymes”, explica a OKDIARIO Josep Bou, presidente de la organización Empresarios de Cataluña, que agrupa a más de 400 empresarios en contra de la independencia de Cataluña.

La organización de Empresarios de Cataluña no cree que finalmente la Hacienda catalana consiga suplantar la identidad estatal. Pero, si finalmente el desenlace fuese favorable para Puigdemont y absorbiese las competencias del Estado, “crearía un colapso enorme en la economía española” a la hora de liquidar impuestos.

Madrid, principal proveedor de Cataluña

Cataluña es la autonomía más beneficiada por el comercio interregional dentro de España en 2016, con un superávit comercial de 17.900 millones de euros. Es lo que se desprende de un estudio de balanzas comerciales autonómicas que acaba de publicar el Centro de Predicción Económica y CEPREDE, y que ha recopilado Convivencia Cívica Catalana.

Del mismo informe se pueden extraer algunos datos interesantes. Por ejemplo, la capital de España, la comunidad más detestada por los independentistas, representa más de un 18% de las compras de los catalanes. Es decir, que de cada 10 euros que se gasta Cataluña, casi dos los invierte en Madrid. A la capital, como vemos en el gráfico superior, le siguen Aragón, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

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