Tal y como estaba previsto, después de que Yolanda Díaz retirara su candidatura apenas unas horas antes de que empezara la votación, este lunes el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reelegido al togolés Gilbert F. Houngbo como director general del organismo por otros cinco años más, hasta 2032.
María José Landaburu, presidenta de la organización de autónomos Uatae, cercana a Sumar y adscrita a Comisiones Obreras (CCOO), ha ido tejiendo una red de asociaciones afines en este colectivo con los que acude a las concesiones de subvenciones del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con lo que tiene una buena relación -presentó su libro en 2023-.
El Ibex comienza la sesión de este lunes con un avance del 0,20%, hasta situarse en los 20.060,90 puntos, consolidando así la cota psicológica de los 20.000 enteros que consiguió recuperar durante la pasada semana. El selectivo español mantiene el impulso después de acumular una revalorización semanal del 3,35%, un comportamiento que vuelve a acercarlo a sus niveles más elevados del año.
La avanzada edad de las presas españolas no sería un problema si no fuera por el déficit inversor, que está atestiguado por los propios informes de Transición Ecológica. Actualmente, 225 presas de las que son de titularidad estatal requieren actuaciones de seguridad; es decir, que el 60% del parque que depende exclusivamente del Ministerio no está en estado de revista. Incluso, el 42% precisan alguna obra de refuerzo “estructural”, una definición que incluye reformas destinadas a garantizar la estabilidad del edificio para hacer frente al propio empuje del agua, terremotos o crecidas extremas.
De todas las cosas que el Ministerio de Transición Ecológica no ha hecho en los últimos años en lo que respecta a la gestión de las infraestructuras hidráulicas de nuestro país, lo más sangrante posiblemente sea su incapacidad para implantar los planes de emergencia de las presas de titularidad estatal; esto es, hacer las inversiones y gestiones necesarias para que, en caso de que las paredes de un embalse se vengan abajo, la población de los municipios afectados y -sobre todo- sus alcaldes cuenten con los medios para ponerse a salvo y sepan cómo actuar.