La marca china de Stellantis, Leapmotor, ha iniciado la producción de su primer coche en España, pero ha confirmado que este no será el único modelo que producirá a nivel nacional, ya que a la fabricación del B10 se sumará la del B05 en el primer trimestre de 2027, ambos en la planta que tiene el grupo automovilístico en Zaragoza. Una clara apuesta por el mercado español para su expansión en el Viejo Continente, en el que ya ha instaurado su sede de manufactura europea, tras finalizar sus proyectos en Polonia y planes para la planta de Madrid.
Alemania y Francia han alcanzado un acuerdo para presionar a la Unión Europea que permita mantener la comercialización de coches de combustión más allá de 2035 sin obligar a los fabricantes a compensar las emisiones restantes, una flexibilización adicional respecto a la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado diciembre, que ambos países quieren acompañar de nuevas ventajas para los vehículos eléctricos fabricados en Europa y restricciones a las ayudas públicas destinadas a modelos producidos fuera del continente.
España volverá a ser el campeón europeo del paro en 2027, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo sitúa a España con una tasa de paro este año 2026 del 9,8%, mientras que Finlandia seguirá por delante con un 10,2% pese a que puntualmente España ha estado por delante en algún mes, como enero y agosto -de acuerdo a los datos de Eurostat-.
La incorporación de todoterrenos de origen chino al Ejército de Tierra español ha generado una profunda preocupación entre altos mandos militares, que alertan de los posibles riesgos para la seguridad nacional derivados de la tecnología instalada en estos vehículos. Según explican a OKDIARIO fuentes militares de alto nivel, el principal temor no está relacionado únicamente con su funcionamiento o su capacidad operativa, sino con la posibilidad de que información sensible termine en manos de China.
Sobre el papel, la llamada 'regla de gasto' se cumple. Sin embargo, a renglón seguido el informe de la Airef advertía de que la sostenibilidad del sistema "no está garantizada" -pese a lo que diga Sánchez- y que, debido al envejecimiento de la población, la Seguridad Social se encamina a soportar unas obligaciones de gasto que le obligarán a aumentar en 2,3 puntos las transferencias implícitas del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central, hasta alcanzar el 3% del PIB.