El Gobierno ha publicado este mes de septiembre en su plataforma de Transparencia la licitación para la construcción de un edificio de 90 viviendas para alquiler asequible en Loma Colmenar (Ceuta). Este contrato podría pasar desapercibido en otro contexto. Sin embargo, el desbloqueo de la edificación se ha producido ahora, en plena invasión de la Ciudad Autónoma española, tras más de ocho años de bloqueo.
Más de seis meses después de que entrara en vigor el primer Real Decreto anticrisis, la patronal denuncia que dos tercios de las empresas aún no han recibido las devoluciones. Y este balance solo incluye las liquidaciones correspondientes a los consumos realizados entre abril y junio, así que a esto hay que añadir todo lo que todavía se les adeuda del período julio-septiembre (segundo Real Decreto)
El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,22% que le ha llevado a retener la cota de los 19.000 puntos, hasta situarse en 19.047 enteros. En la media sesión de este viernes con un alza del 0,42%, hasta situarse en los 19.084 puntos, sin apenas cambios respecto a la apertura de la jornada. Al cierre, el selectivo se quedaba a las puertas de los 19.100 puntos con una subida del 0,42%.
Pese a que la parte más visible de la crisis de Vivienda son las miles de personas que no pueden comprar o alquilar una casa, lo cierto es que el problema nace mucho antes, con la actividad de las promotoras. En España hacen falta más de 750.000 viviendas, pero a las constructoras cada vez les sale más caro levantar los edificios.
Las empresas privadas de autobuses desmontan el argumento del ministro de Transportes, Óscar Puente, para impulsar el plan de Renfe Bus y sostienen que ya existe una red de operadores capaz de cubrir las incidencias ferroviarias en toda España. Estas compañías aseguran a través una de las patronales del sector, Direbús, que ante averías de trenes o problemas en la infraestructura, son las propias empresas ferroviarias las que actualmente continúan activando los servicios de transporte por carretera para garantizar el traslado de los viajeros, por lo que consideran que "no sería necesario crear una nueva empresa pública específica para prestar este servicio".