Miguel Galán se prepara para impugnar el partido del Villarreal-Barça en Miami

Sí, el Villarreal-Barça de Liga podría jugarse en Miami a mediados de diciembre, con motivo de la decimoséptima jornada liguera. Ese es el plan puesto en marcha desde hace tiempo por parte de Javier Tebas con el objetivo de que castellonenses y barceloneses se vean las caras fuera de España, en concreto en el estadio Hard Rock, el 20 de diciembre. Pero este Villarreal-Barça en Miami está en entredicho por Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que junto con el Real Madrid buscan impugnar el partido.

Así lo hizo público este pasado domingo Miguel Galán a través de sus redes sociales, donde expone de manera detallada los motivos que le llevan a intentar «impedir» el partido Villarreal-Barça.

«En cumplimiento del modelo instaurado por la Ley del Deporte, en su momento se calificaron como profesionales la Primera y Segunda Division de fútbol masculino. En este sentido se expresa la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas que indica que ‘A efectos de lo previsto en las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley del Deporte, son competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, las actualmente existentes en las modalidades deportivas de fútbol y baloncesto’», razona en su perfil de X Miguel Galán, que añade: «Más recientemente, mediante acuerdo de fecha 15 de junio de 2021, la Comisión Directiva del CSD acordó calificar como profesional la competición denominada Primera División femenina de fútbol. Por otra parte, el artículo 33.1 de la Ley 10/1990 señala que “Las Federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones: a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal (…)”».

«Una vez establecido lo anterior, en cuanto a la coordinación y tutela que realiza el CSD en relación con dicha competición debemos acudir al artículo 3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas que establece, en consonancia con el artículo 33.1.a) de la Ley 10/1990, que “Las Federaciones deportivas españolas, además de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas, ejercen bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo: a) Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal», matiza y expone en base a la documentación Galán, para exponer que «la tutela que realiza el CSD, y en concreto la Comisión Directiva, sobre las competiciones organizadas por la RFEF, esta deberá pedir autorización al Consejo Superior de Deportes autorizando acerca del cambio de modelo de la competición de LaLiga de fútbol para que se pasara a disputar en Estados Unidos».

Es por todo esto por lo que Miguel Galán, a título de presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y junto con el Real Madrid, aseguran tener «la facultad de recurrir en alzada la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) sobre la disputa del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami, basándose en la normativa deportiva española descrita anteriormente».

«Ambas entidades tienen un interés legítimo en la regulación de las competiciones. El Real Madrid, como club participante, y la Asociación, como defensor del interés general, podemos argumentar que la falta de autorización del CSD para cambiar la sede del partido vulnera el marco normativo. Este cambio podría afectar los derechos económicos y deportivos de los clubes y sus aficionados, justificando así nuestro derecho a recurrir», señale y justifica Galán en su comunicado, resumiendo que «tanto el Real Madrid como la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte están legitimados para solicitar la revisión de esta decisión ante la RFEF y la LFP, defendiendo la legalidad y la transparencia en la organización de las competiciones deportivas».