El TAD, denunciado ante Hacienda por posibles cobros irregulares en la tramitación de sus ponencias

Miguel Cardenal no quiere que nadie contradiga a él ni a su Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). A petición del presidente del CSD se han abierto procesos contra una docena de mandatarios federativos en los últimos dos años y casi todos ellos se han encontrado con que recurrir a las resoluciones del TAD representa una misión casi imposible.

El TAD ha mantenido de forma sistemática y reiterada el criterio de acumular recursos absolutamente idénticos en argumentos y petición obviando los requisitos que se establecen en el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. No se entiende otro motivo razonable en atención al carácter lucrativo de su tramitación independiente y no acumulada dado el régimen de compensación económica a los miembros del tribunal.

El hecho es que se han reproducido, mediante un mero “corta y pega” arrastrando incluso los mismos errores tipográficos la misma resolución para cada uno de los recursos idénticamente planteados contra algunos presidentes de Federación.

Independientemente de que dicha conducta haya podido constituir un indebido uso de los fondos públicos o un enriquecimiento injusto. A titulo personal Andres Gutierrez, sufrió un perjuicio directo, ya que a la hora de interponer recurso contencioso administrativo contra una resolución del TAD, tuvo que señalar todas las resoluciones donde se contiene el mismo acuerdo. Obviamente el juez desconoce que se trata de la misma resolución, que sorprendentemente no ha sido acumulada en la vía administrativa.

El Presidente de la Real Federación Española de Caza fue inhabilitado un año por desobediencia al no atender a un requerimiento del CSD que le obligaba a convocar elecciones en ejecución de una sentencia que no había adquirido firmeza. Una vez que dicha sentencia fue firme Andrés Gutiérrez convocó dicho proceso en julio del 2015, pese a ello y ante las presiones de Miguel Cardenal, el TAD lo inhabilito mediante una resolución que actualmente se encuentra impugnada ante los tribunales.