Vox solicita la apertura de juicio oral para Mónica Oltra y la acusa de cuatro presuntos delitos

La formación política Vox, que ejerce la acusación popular en el denominado caso Oltra, solicita en su escrito de acusación la apertura de de juicio oral para Mónica Oltra y los otros 15 imputados en el citado caso. Además, Vox  pide en ese mismo escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, penas que suman hasta un total de 3,5 años de prisión para la mencionada Mónica Oltra por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores, omisión del deber de perseguir delito y encubrimiento.

El caso Oltra es en el que se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que Mónica Oltra dirigía, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el que entonces el marido de la propia Mónica Oltra.

El equipo jurídico de Vox, dirigido por Marta Castro ha formulado la petición de apertura de juicio oral tanto contra Mónica Oltra como contra los funcionarios imputados y que según Vox presuntamente colaboraron con ella, supuestamente, «bien para proteger a su entonces marido o la propia carrera política de la ex vicepresidenta».

Una situación que a entender de Vox llevó a «dejar desprotegida» a quien en aquellos momentos era una menor, por parte de quienes «tenían la obligación de hacerlo, colocándola en una situación de riesgo al estar el autor de los abusos sexuales reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida», según ha explicado Marta Castro.

Vox acusa tanto a Mónica Oltra como a los funcionarios imputados de un presunto delito de prevaricación administrativa, que implicaría la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por tiempo de 12 años, según la formación política.

También, la acusa de un supuesto delito de abandono de menores, penado con seis meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como de una supuesta omisión del deber de perseguir delito y de un presunto encubrimiento.